Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró las medidas violentas acogidas por las autoridades de Venezuela y llamó al Estado a cesar y dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIDH condenó el aumento considerable de muertes, heridos y detenciones masivas que ha acompañado la militarización de las tareas de gestión de las manifestaciones expresando preocupación ante los datos recientes del Ministerio Público que cifran 36 personas fallecidas y al menos 757 heridas, en el marco de las manifestaciones ocurridas en el país. De las víctimas fallecidas, 4 eran adolescentes.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han registrado 1.991 detenidos desde el 4 de abril hasta la fecha de elaboración de este comunicado. Se informó adicionalmente que cientos de personas continúan detenidas, de las cuales se ha denunciado torturas y malos tratos por parte de las fuerzas del Estado, así como violaciones a las garantías y protección judiciales, incluyendo el uso de la jurisdicción penal militar para detener y juzgar a civiles.
La CIDH informó que el Ministerio Público coordinó la investigación de estos hechos poniendo como prioridad a las autoridades garantizar que estas sean llevadas de manera efectiva, seria e independiente, garantizando la vida, integridad y libertad personal de todos los manifestantes, así como sus derechos a la libertad de reunión pacífica y libertad de expresión.
La comisión manifestó, además, su preocupación por el estado de incomunicación en el que permaneció el dirigente político Leopoldo López desde el inicio de las protestas hasta el pasado domingo 8 de mayo. La Comisión reitera que el Estado venezolano está obligado a garantizar el derecho a la vida e integridad de Leopoldo López, así como el derecho que tiene toda persona detenida a comunicarse con sus familiares y abogados y al control judicial de su detención.
Expresaron que cualquier intento de las autoridades venezolanas de impedir la celebración de elecciones y la supresión del derecho al voto de la ciudadanía será condena. Tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La restricción arbitraria de los derechos políticos y cierre de espacios democráticos no puede ser la respuesta a los reclamos de la sociedad; por el contrario, es un signo de la incapacidad de hacer frente a los reclamos en términos democráticos, que solo aumenta los conflictos sociales y políticos.
En este contexto, la Comisión deplora la decisión del Presidente Nicolás Maduro, sin precedentes en el sistema interamericano, que pretende denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con ello anular la protección del sistema interamericano de derechos humanos para los habitantes de Venezuela.
