SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció que con el firme propósito de hacer más efectiva las acciones contra los delitos de alta tecnología trabajan en la coordinación, creación y redacción de un anteproyecto de ley de Spam Comercial y de Protección de Datos.
Agregó que desde el Ministerio Público buscan establecer una cultura de respeto a la privacidad, “por lo que hemos instruido actuar sin contemplaciones y drasticidad en los casos en que, con el uso de equipos tecnológicos, se vulnere la privacidad, se fomente el comercio ilícito de bienes y servicios, así como en la difusión e injuria pública, dedicando especial atención a los casos de atentado sexual, pornografía infantil o su adquisición”, enfatizó.
Domínguez Brito habló del tema en su exposición sobre el contexto legal dominicano de la ciberseguridad en el marco del taller “Día de Soluciones Tecnológicas para las ONG 2015” que se desarrolló en un hotel de esta ciudad, organizado por Microsoft Dominicana y Alianza Organización no Gubernamental (ONG).
De igual forma, agregó que es de alta prioridad para el Ministerio Público la atención a la privacidad sexual de jóvenes y adolescentes, por lo que exhortó a esa población a crear conciencia sobre las fotografías que colocan en las redes sociales para evitar situaciones de preocupación en las familias, cuando esas imágenes son usadas para extorsionar y hacer daño a la moral.
Domínguez Brito destacó que atendiendo a todos esos casos se creó la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología para perseguir y ofrecer un tratamiento adecuado a cada situación.
Manifestó que esa dependencia de la Procuraduría trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).
Al compartir la mesa de honor con Jorge Cabeza, gerente general de Microsoft Dominicana, y Addy Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG, Domínguez Brito destacó que el Ministerio Público prestará toda la colaboración a las iniciativas que surjan en el referido taller.
Detalló que dentro de los crímenes de alta tecnología más usuales en la República Dominicana se encuentran la clonación de dispositivos de accesos, la obtención ilegal de información y fondos o phishing, así como el acceso ilícito o hacking.
El procurador general de la República informó que en el caso de la clonación de dispositivos la ley establece prisión de uno a diez años, mientras que para los delitos de hacking se castiga con una penalidad de tres meses a un año de cárcel.
Agregó que la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología prevé sanciones privativas de libertad y económicas en los casos de atentado contra la vida de las personas, el robo, la obtención y transferencia ilícita de fondos, estafa y chantaje, así como en los delitos de robo de identidad por falsedad de documentos y firmas.
“Seguiremos luchando para obtener las máximas sanciones estipuladas en las legislaciones en los casos de crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo, y en cada caso se ordenará la confiscación y destrucción del sistema de información o sus componentes, propiedad del sujeto pasivo utilizado para cometer el crimen”, puntualizó.
