SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aseguró la noche de este domingo que ha trabajado todas y cada una de las auditorías que le ha remitido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana,
En un comunicado, la PEPCA indica que debido a las investigaciones realizadas a partir de las mismas, ha obtenido unas 15 sentencias condenatorias y actualmente existen 13 procesos abiertos en diferentes instancias de los tribunales del país.
En el mismo, da cuenta que en este momento únicamente tiene 20 auditorías en proceso simultáneo de análisis y validación, así como otras 27 que están bajo investigación penal preliminar.
La declaración señala que por carecer de evidencias que comprueben delitos penales, otras de esas auditorías han terminado en decisiones de archivo, descargo o absolución, mientras que el resto mayormente proviene de hace cerca de 10 años.
En ese sentido, agrega que esas auditorías fueron enviadas a fiscalías de diferentes localidades para realizar las investigaciones de rigor, sin que, según figura en los registros de aquel tiempo, arrojarán la existencia fehaciente de infracciones punitivas.
El organismo anticorrupción propone establecer protocolos para que cuando en la aplicación de procedimientos de control interno y fiscalización externa se detecten señales de irregularidades graves, las instituciones estatales a cargo notifiquen esos hallazgos al Ministerio Público para que éste pueda anticipar las indagatorias de lugar y actuar como corresponda en cada caso.
Asimismo, la PEPCA resalta que los resultados de las auditorías que le remite la Cámara de Cuentas no equivalen a sentencias condenatorias por corrupción y los mismos normalmente carecen de méritos para iniciar automáticamente procesos ante tribunales, pues en su mayoría solo arrojan faltas administrativas, que primariamente no constituyen delitos de tipo penal.
La PEPCA expresa asimismo que si esa meticulosa comprobación arroja que en alguna de esas auditorías realmente existen indicios fuertes de delitos de tipo penal, sin ningún tipo de discriminación, se procede a iniciar la investigación preliminar de rigor, proceso éste que también conlleva tiempo.
Puso como ejemplo el envío a juicio por malversar fondos públicos en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el Ayuntamiento del municipio de La Romana, en la Junta del Distrito Municipal de Las Terrenas y en la Alcaldía de San Francisco de Macorís, en este último caso, tras la PEPCA lograr la revocación de una sentencia de No Ha Lugar.
