Santo Domingo, República Dominicana.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) instruyó a sus diputados apoyar el proyecto de Ley de Reorganización de la Administración Pública propuesto por la diputada Faride Raful.
En un documento de su Dirección Ejecutiva, enviado a la prensa, resalta que el PRM, sobre la base de una revisión detallada de más de 6 mil cuentas de gastos del gobierno pudo determinar en 2016, una desviación de fondos del orden de 2.5% del PIB equivalente a 82 mil millones de pesos.
Indica que con esta iniciativa, el Gobierno se ahorraría más de 15 mil millones de pesos, que pueden dedicarse a la salud y a la seguridad ciudadana.
En el documento, la organización opositora resalta que la OXFAM acaba de hacer un estudio donde estima el malgasto de la administración pública en 91 mil millones de pesos, sumado a que el FMI ha proyectado que la corrupción a escala mundial anda en el 2% del PIB, eso significaría que en la República Dominicana 78 mil millones de pesos en el presupuesto de 2018.
Dice que Latinobarómetro estableció que en 2016 el 46% de los dominicanos habría tenido que pagar algún tipo de sobornos para obtener un servicio público.
“Todos los indicadores internacionales como son el Índice Global de Competitividad, Transparencia Internacional, Latino-barómetro y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial señalan un serio deterioro en la institucionalidad del país, caracterizado por un aumento de la corrupción, la desviación de fondos y la impunidad, lo cual deslegitima al Gobierno para poner más impuestos”, enfatiza el PRM.
Afirma que es innegable que si el Gobierno mantiene la misma trayectoria de estos años, en cuanto al descontrol del gasto, la existencia de grandes déficits y el masivo endeudamiento, se producirá un escenario financiero insostenible e inmanejable; el cual se complica debido a la poca credibilidad del gobierno para cobrar más impuestos.
El PRM demanda del gobierno que abandone el camino del despilfarro y la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos y que adopte un verdadero compromiso con una mejor calidad del gasto, asumiendo que mejorar la calidad del gasto no significa dejar de gastar, sino gastar mejor en lo que necesita la sociedad para materializar los derechos ciudadanos.
