SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC), manifestó que el gobierno tiene que buscarle una solución “integral y urgente” al problema del transporte de pasajeros y de cargas en el país, para evitar que se produzca una crisis de abastecimiento de mercancía y de traslado del personal a los centros de trabajo.
Mario Dìaz, quien es también el Secretario de Transporte del PRSC, señala que las autoridades tienen en sus manos la solución del problema al indicar que la alternativa es utilizar el fondo establecido mediante la Ley 253-12 que especializó dos pesos por cada galón de gasolina y de gasoil primium, para la renovación del parque vehicular de pasajeros y de cargas, cuyo monto está próximo a los 2 mil millones de pesos.
El alto dirigente choferil apunta el drama que viven los choferes del transporte de pasajeros y de cargas, ante las constantes alzas que se vienen produciendo todas las semanas a los combustibles, lo que a su juicio, es “una situación irresistible” que afecta sensiblemente las condiciones de vida de los choferes.
Asimismo, indicó que como medida compensatoria ante el alza de los combustibles y los repuestos, el gobierno debe restituir el subsidio establecido en la ley y que fuera retirado de manera unilateral “solo para los trabajadores del volante”, ya que señala que los demás beneficiarios están recibiendo religiosamente las exenciones de combustible.
Manifestó que es hora de que el Gobierno Dominicano llame a la mesa de negociaciones, al sector transporte, en una mesa de diálogo abierta y sin exclusiones, no como ha pretendido la Dirección General del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), institución recién creada y que se perfila como una oficina recaudadora del estado, ignorando su responsabilidad como organismo rector del sector transporte.
“Hay que evitar que la situación derive en una crisis de difícil manejo, razón por la cual el interés de la nación demanda que todos los actores se pongan de acuerdo y que en ese espacio de dialogo, el gobierno asuma todos los sacrificios fiscales en favor de este importante sector que gravita con mucha importancia en la economía nacional y en la vida de nuestros ciudadanos”. Enfatizó.
Sostuvo que el gobierno no puede esperar que surja una crisis con los peligrosos componentes que esto conlleva para la paz pública y a la tranquilidad de la nación.
Consideró que es tiempo de buscar fórmulas que permitan una reducción de las tarifas del transporte público de pasajeros y de cargas y la renovación de las unidades vehiculares con que se opera este vital servicio público, las cuales en casi su totalidad se encuentran en un avanzado estado de deterioro, incluyendo las de la OMSA, unidades que deben salir de nuestras calles, permitiendo mayor seguridad y confort a los pasajeros, así como una reducción del consumo de combustibles y una protección al medio ambiente.
Dijo que resulta un imperativo de la dinámica del transporte, que el gobierno libere de escollos el flujo de los recursos establecidos para la renovación del parque vehicular, debido a que el país no puede continuar con esas unidades tan destartaladas en las calles, y en razón de la imposibilidad material que tienen los choferes de operar con los niveles de precios de venta de los combustibles y los accesorios.
Recordó que ante la negativa de las autoridades de erogar los fondos propiedad de los choferes, la entidad ha apoderado las vías judiciales correspondientes, y está a la espera de que el Tribunal Constitucional, corrija ese estado de imposibilidad en que se encuentra esos recursos económico, y que están amenazados de que se les dé un uso inapropiado e ilegal por parte del gobierno dominicano.
Finalmente, abogò por la formación de un Comité, integrado por el (INTRANT), el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y las principales Federaciones de Transporte, que administre los recursos que se han generado, en virtud de lo establecido por la ley 253-12, y que dirija el proceso de cambio de las unidades obsoletas del transporte público de pasajeros y de cargas, es una de las medidas que consideramos deben de ejecutarse a fin de lograr las mejorías que necesita nuestra sociedad en materia del transporte público.
“Como podemos ver existen los recursos financieros para resolver parte de los problemas del sector transporte público del país, y el resto debe provenir de subsidios, incentivos y exoneraciones de la misma forma que el gobierno ha ido en auxilio de otros grupos económicos de la nación, algunos de los cuales no tienen ni la importancia, ni el peso específico que tiene el servicio de transporte, en la vida nacional”.
El desarrollo de la nación, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y la paz pública es de vital importancia, y el sector transporte juega un papel decisivo en la consecución de esta meta, debemos pues unir esfuerzos entre el superior gobierno y los grupos del transporte organizados nacional, en la búsqueda de soluciones permanentes a este problema.
