Santo Domingo, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), entiende que el conflicto entre jueces y el ministerio público, por el otorgamiento de más de 50 permisos de fin de año a reclusos condenados daña y erosiona, la ya deteriorada imagen del Poder Judicial, además de alejar la inversión extranjera del territorio dominicano.
Trajano Potentini, presidente de la FJT se mostró preocupado y alarmado por “el manejo y tratamiento mediático que se viene dando a la pugna entre jueces y fiscales, dos patas de una misma mesa, responsables por demás de castigar y perseguir el crimen organizado”.
La entidad de sociedad civil entiende que tanto jueces como fiscales en un ambiente democrático, tienen la responsabilidad y el derecho de hacer críticas y cuestionamientos, de cualquier situación que entiendan anómala, lo cual deberá ser respondido por los canales institucionales, sin rasgarse las vestiduras y llegar a un clima de armonía y entendimiento.
Potentini reconoció la facultad que le otorga la ley 224, sobre régimen penitenciario a los jueces de ejecución de la pena, para otorgar permisos por razones diversas, incluso a reclusos con condenas definitivas por crímenes graves.
Sin embargo, entiende que dichas facultades deben ser administradas con la mayor prudencia posible y ante cualquier cuestionamiento, siempre será beneficioso el que el Consejo del Poder Judicial disponga una investigación, como el caso ocurrente que pueda despejar cualquier duda.
En rueda de prensa, propuso que seria oportuna contemplar para futuras modificaciones del Código Procesal Penal, el integrar de manera colegiada y compartida la responsabilidad de los jueces de ejecución de la pena, logrando con ello mayor certeza y buen juicio en la administración de tan poderosas facultades.
Asimismo, la FJT llamó a los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, Mariano Germán Mejía y Jean Alan Rodríguez, a los fines de que tomen carta en el asunto, poniéndole un stop, al enfrentamiento público que mantienen con críticas recíprocas los jueces y fiscales, “lesionando aún más la credibilidad del sistema judicial”.
