Santo Domingo, República Dominicana.- Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD), dijo que esa institución se constituyó en parte civil con el objetivo de recuperar RD$85 millones por decomisos de leche polvo a colmados,realizados por instituciones gubernamentales.
Expresó que la entidad designó al doctor Hipólito Polanco Pérez, para que asuma la defensa de los socios y afiliados perjudicados moral y económicamente por los decomisos de leche en polvo a granel realizados por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y por el Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social, desde el año 2015 hasta la fecha.
Al hablar en rueda de prensa, Cruz Rojas presentó al doctor Polanco Pérez, como su abogado, para que asuma la defensa del CONACERD, definiendo el tema como delicado debido a que los decomisos de leche en polvo “se deben a una mala práctica comercial que atenta contra la salud de la Familia Dominicana”.
De su lado, Polanco Pérez dijo que realizará las investigaciones de lugar para proceder a formular la demanda a los principales iImportadores de leche en Polvo en sacos de 25 Kg que no cumplan con las normas zoosanitaria, que certifica que la formula láctea que le han vendido a los colmados y otros establecimientos, comerciales, socios y afiliados de CONACERD, es un producto que viene para la industria de quesos, yogurts, helados, bizcochos, galletas y dulcerías, lo que es una mala práctica comercial.
También expresó que no descarta incoar una demanda contra a la directora de Proconsumidor y a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, si se comprueba que han sido negligentes y permisivas con los importadores de este producto..
Mientras que el presidente de CONACERD adujo que esta mala práctica comercial representa para los socios y afiliados las pérdidas económicas por más de 85 Millones de pesos desde el 2015 hasta el 2017.
Del mismo modo, el dirigente comercial y empresarial responsabilizó al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor, (Proconsumidor), por la falta de aplicación de las leyes que le facultan cancelar la licencia a los importadores de este producto no apto para la venta al cuchareo.
