Hipertextual
Se presentaba a última hora del último día hábil del año. El Gobierno aprobaba el texto preliminar de un Real Decreto Ley enfocado a controlar la actividad de Uber, Cabify y, por supuesto, Airbnb. Uno de los requerimientos más polémicos para la tecnológica de pisos turísticos era el de la obligación de ofrecer los datos y relación de usuarios que usen los servicios de la compañía y que ofrezcan vivienda en ella. De forma automática, Hacienda se haría cargo de gestionar y estudiar dichos datos con el objetivo de aplicar su proyecto de control a la llamada ‘nueva economía’. Todo un espaldarazo por parte del Gobierno central a las políticas regionales que se habían llevado a cabo desde hace algunos meses. La última en hacerle frente a la plataforma ha sido Madrid con su plan de Ordenación Urbana, el cual busca limitar el número de pisos turísticos en los diferentes barrios de la capital.
