Montecristi, República Dominicana.- El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Víctor Joaquín Castellanos Pizano, advirtió que la migración haitiana descontrolada ha colocado en peligro la integridad de la soberanía dominicana y, por tanto, representa una seria amenaza respecto al control de los dominicanos sobre el destino de su propio país.
“Se trata de un peligro superior al de las drogas, superior al de la delincuencia, a las deficiencias en el ámbito de la salud y de la educación, así como más grave que todos los demás problemas que nos afectan”, consideró el juez constitucional al dictar una conferencia sobre la soberanía dominicana en esta provincia.
Alertó que el principal problema que enfrenta hoy la República Dominicana es el descontrol de las autoridades sobre la migración ilegal, “pues las leyes migratorias no se aplican con el rigor necesario, lo que pone en juego el desarrollo social y económico del país, la preservación de la nacionalidad y la identidad dominicana, así como la existencia como país soberano”.
El magistrado Castellanos Pizano dijo que en el presente Haití pretende, nuevamente, ocupar el país, no mediante las armas, ni militarmente, como lo hizo de 1822 a 1844, así como en otras 16 ocasiones, sino que “se trata de una invasión pacífica, gradual, pero indetenible, de centenares de miles de haitianos indocumentados, cuya totalidad asciende, según los expertos, a más de millón y medio de personas”.
El magistrado estimó que la invasión pacífica de haitianos está presente el ámbito laboral y trasciende al sector de la salud, refiriéndose a la asistencia médica prestada a las parturientas haitianas en los hospitales dominicanos.
Refirió desde la emisión de la Sentencia 168-13, el Gobierno dominicano enfrenta la embestida de los organismos y entidades internacionales prohaitianos que pretenden anular la soberanía del país alegando el supuesto despojo masivo de la nacionalidad dominicana.
Consideró que la presión internacional ha logrado cohesionar una estrategia multifacética contra la soberanía de la República Dominicana en detrimento de sus máximas autoridades.
