San Juan, PUERTO RICO, EFE.- El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo impuesta por Washington para dar solución a su millonaria deuda, alcanzaron un acuerdo para el presupuesto del año fiscal 2018-2019 que despeja el camino a concentrarse en la recuperación económica.
Tras semanas de desencuentro entre el Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló y la JSF, establecida en 2016 por una ley aprobada por el Congreso en Washington, se alcanzó un acuerdo que aleja que el enfrentamiento institucional acabe en los tribunales, un escenario que todos querían evitar por sus imprevisibles consecuencias.
El detonante del enfrentamiento entre el Ejecutivo de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos cuyos ciudadanos no pueden votar por el presidente del país norteamericano si viven en la isla, y la entidad de control, tiene su origen en la certificación por la JSF, en abril, del Plan Fiscal, el documento base que establece las pautas de la política financiera del Ejecutivo y que es guía del presupuesto general.
El Plan Fiscal certificado por la JSF establecía la eliminación de la paga navideña de los trabajadores, la reducción de los días de vacaciones y de los de enfermedad.
Además, incluía otra reducción de un 10 % de las pensiones de los empleados públicos, todo dentro de una reforma laboral que busca impulsar una economía en caída desde hace cerca de una década.
La entidad de control, que está concebida para conducir a Puerto Rico a que pueda volver a financiarse en los mercados de deuda y que las cuentas públicas no presenten déficit, impuso esos recortes con el fin de que el próximo presupuesto presente equilibrio entre ingresos y gastos, causa de un déficit crónico que han mantenido los sucesivos Gobiernos de la isla durante los últimos años.
