Santo Domingo, República Dominicana.-Para ver la posibilidad de adaptar las leyes dominicanas en materia penal juvenil, el Ministerio Público y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron este jueves el “1er. Simposio de Justicia Restaurativa: Transformando el Sistema Penal Juvenil”.
Durante un acto el procurador general de la República, Jean Rodríguez, explicó que se trata de hacer más efectivo el sistema penal juvenil, mediante un Plan de humanización y justicia restaurativa en procura de la reparación del daño a las víctimas y la aplicación de sanciones eficaces a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
“Desde el Ministerio Público estamos realizando una profunda reforma al sistema de atención a jóvenes en conflicto con la ley, y en esa meta estamos dando pasos importantes para mejorar los procesos judiciales, procurando además sanciones alternativas como los trabajos comunitarios y el acceso a programas de educación y otras actividades que favorezcan la no reincidencia en el delito”, expuso.
Agregó “con más de 500 jóvenes privados de libertad en la República Dominicana actualmente, los actores del sistema penal juvenil tenemos una gran oportunidad para inclinar la balanza hacia la reinserción y rehabilitación de estos adolescentes. Por esta razón, el Programa de Atención Integral y Reinserción que se encuentra en desarrollo, está dirigido a humanizar los procesos sancionadores de este segmento de la población, con miras a una justicia más conciliadora y comunitaria”.
Rodríguez, precisó que en cumplimiento de esa misión, la Dirección de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría, en coordinación con la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAI), ha puesto en marcha una serie de acciones claves, que incluyen un proyecto de remozamiento de las instalaciones de los centros donde se encuentran internos los adolescentes, para crear las condiciones que fomenten su rehabilitación y reinserción.
Destaca que la PGR cuenta con una Dirección Nacional de Atención Integral de la persona adolescente en conflicto con la Ley Penal, que a su vez dispone de una Unidad Coordinadora de Sanciones Alternativas, cuya función es el Control y Ejecución de las Sanciones o Medidas Alternativas impuestas a los adolescentes por los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes del país.
En ese sentido, señaló que dicha unidad maneja una población de 900 adolescentes. Detalló que en el período enero 2016 hasta abril 2018, según consta en informe de esa unidad, un total de 416 jóvenes han recibido sanciones alternativas, de los cuales 222 adolescentes son de sexo masculino de 16 a 17 años de edad.
Indicó que de los 416 casos, la tipificación más común son robo agravado que registra 117 casos, drogas 108, golpes y heridas 57, violación sexual 57 y robo simple 34.
En el simposio, que tuvo lugar en un hotel de la capital, participaron, además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; la oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Pura Hernández; el ministro de Educación, Andrés Navarro; la coordinadora general de Cooperación Española, Ana Álvarez, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), Eduardo Gallardo.
