El periodista Manuel Vólquez, quien por años sirvió en la institución y tras un derrame cerebral se mantiene inactivo, aseguró que junto a otros 79, que padecen enfermedades catastróficas fue notificado de que en septiembre será sacado de nómina.
Santo Dominigo, República Dominicana.-Hace dos semanas que recibí la desafortunada información del Plan Social de la Presidencia de que seré sacado de nómina en septiembre próximo junto a unos 79 infelices empleados de esa institución que como yo están en tránsito de pensión, denunció Manuel Vólquez.
“Son personas atrapadas por la irreversible vejez que ganan sueldos miserables entre 5 mil a 20 mil pesos, dependiendo del cargo que desempeñan, y si les quitan ese sueldito van a morir de hambre”, expuso.
En una nota de prensa manifiesta que tenemos en común que “padecemos enfermedades catastróficas, tales como cáncer, diabetes, derrame cerebral, accidentes cardiovasculares, crisis renal, crónica invalidez por vejez, cirrosis hepáticas, y otras, que ameritan tratamientos costosos”.
Añade que la única explicación que ha recibido de parte de la Gerencia de Recursos Humanos de esa “abusiva, ilegal e inhumana medida”, es que la pensión debe gestionarse a través de la Dirección de Información y Derecho de Afiliados (DIDA).
Agrega que hiso las averiguaciones de rigor en la DIDA y allí le informaron que no calificaba para pensión por enfermedad a través de ese organismo y que su caso debió ser reportado inmediatamente entré en la fase de discapacidad, que debe buscar otra vía para gestionar ese beneficio. No entendí bien esa explicación, sólo que mi caso no se resolvía por esa vía.
Vólquez, recuerda que el 6 de agosto de 2018, remitió una comunicación, vía Consultoría Jurídica, a la directora general del Plan Social, Iris Guaba, pidiendo explicación sobre esta decisión y que reconsiderara dejar la misma sin efecto hasta que el Estado lo pensione, porque de materializarse provocaría muertes en cadena de los empleados afectados de salud.
“Al momento de escribir este artículo, no he recibido ninguna respuesta de la funcionaria. Tengo constancia de que el mensaje le fue entregado.
Esa Dirección General sabe, porque tienen mis documentos en archivos, que estoy protegido por una licencia médica permanente que dice que No Apto para el Trabajo Productivo, firmada por tres galenos (una neuróloga, un cardiólogo y un neurocirujano), certificación que está validada, además, por médicos del Ministerio de Salud Pública, como requisitos legales exigidos para los trámites de pensión”.
Explica que tiene discapacidad físico-motora a causa de un “Accidente Cerebrovascular Isquémico” (un derrame cerebral), que me surgió el 7 de junio del 2014, precisamente mientras realizaba labores propias de mis funciones en mi oficina esa dependencia gubernamental en calidad de Encargado de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas. Figuro como empleado de esa entidad desde el 2008.
Afirma que este percance de salud me ha producido daños severos en la pierna y el brazo izquierdo, además de fuertes dolores corporales, que me impiden insertarme al medio productivo laboral.
“Tengo en la actualidad 68 años de edad de los cuales he dedicado 45 de estos con mucho entusiasmo, honestidad, responsabilidad y entrega al ejercicio del periodismo. Además soy hipertenso”, abunda.
Entiende que por su delicada situación de salud, califico para una Pensión Especial y creo que le corresponde al Plan de Asistencia Social dar continuidad a esas gestiones ante el Estado, tal como lo inició el entonces Director General de esa institución, César Prieto, en fecha 5 de noviembre del 2014, no pretender sacarme de nómina de manera alevosa.
“Si me excluyen de la nómina sin tener a manos una pensión digna, me ocasionarían daños psíquicos demoledores y conllevaría a una segura desaparición física, pues por ahora sólo dependo del salario que devengo en esa institución, el cual apenas sirve para mantener de manera precaria a mi familia y comprar mis caros medicamentos”. Desde ya, todos están invitados a mi funeral, concluye Manuel Vólquez.
