Por Elvira Guillén Santo Domingo, República Dominicana.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó los funcionarios que no realizaron sus declaraciones juradas serán citados para iniciar una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito.
Domínguez Brito, quien recibió de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, el listado correspondiente a los servidores públicos que no declararon sus bienes, como lo establece la Ley 311-14, del 8 de agosto del 2014, dijo que iniciará con los fueron removidos del cargo o hayan quedado sin funciones.
Advirtió que si se comprueba falsedad en escritura o fraude sobre una declaración jurada de patrimonio, o si los representantes de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa entienden necesario, de acuerdo al Artículo 12, solicitarán a la Cámara de Cuentas, inspección y análisis de la misma.
Indicó que los funcionarios que estén obligados a presentar su declaración y no la hayan obtemperado u omitieran algún bien, incurrirán en faltas graves o de tercer grado, según lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 133-14 y la Ley 41-08 de Función Pública, según sea el caso.
Igualmente, Domínguez Brito manifestó que si se detecta falsedad en los datos suministrados, las sanciones establecidas son de uno a dos años de prisión, así como una multa correspondiente a entre 20 y 40 salarios mínimos.
En cambio, si se determina enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, los responsables pudieran enfrentar condenas de cuatro a diez años de prisión, así como una multa equivalente al duplo del incremento y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años.
De su lado, Marte de Barrios, explicó que las declaraciones juradas de patrimonio público de los funcionarios, no son de carácter confidencial, por lo que, las mismas serán publicadas en la página web de la institución: www.camaradecuentas.gob.do, de conformidad a lo establecido por el artículo 22 de la mencionada disposición legal, cuidando presentar datos que pudieran atentar contra la seguridad de los menores de edad.
