Santo Domingo, República Dominicana.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), lamentó que tradicionalmente al poder judicial se le haya considerado como la cenicienta, el más débil de todos los Poderes formales del Estado, por su sumisión presupuestaria y exigua independencia en todos los órdenes.
En un comunicado indica que el balance sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial en el 2018 les llevan a calificarlo como el año de la involución judicial.
Cita como retos y males de la justicia dominicana, la creciente percepción de descrédito y baja valoración, la falta de tribunales y jueces rehuyendo sus responsabilidades en casos de lavado de activos y narcotráfico.
Asimismo, la FJT critica que las sanciones para los jueces que incurren en faltas y prevaricación judicial solo fueron disciplinarias, un presupuesto deficiente, la mora judicial en los tribunales inferiores y hasta en la propia Suprema Corte de Justicia, con retrasos promedios de más de 10 años.
Trajano Potentini la entidad clamó por más presupuesto para el Poder Judicial, tras asegurar que la falta de recursos sigue siendo, entre otras dificultades, el Talón de Aquiles de la administración de justicia, en consecuencia, con la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
Potentini, observó que la justicia, es el Poder del Estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.
El jurista explicó, que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT entiende, que, si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.
