Managua, (EFE).- Las sanciones impuestas por Estados Unidos al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada al presidente del país, Daniel Ortega, han puesto contra las cuerdas al mandatario, cuyo Gobierno está condicionando la liberación de los manifestantes antigubernamentales a la suspensión de las sanciones.
Además de BanCorp, que ha solicitado su disolución voluntaria anticipada tras la medida del Departamento de Tesoro de EE.UU., Washington ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, así como a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.
Cuando hace dos semanas Washington anunció nuevas sanciones al BanCorp y al hijo de Ortega y Murillo, el asesor presidencial John Bolton dijo que irían “por los bolsillos de la familia de Ortega”.
El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la “Nica Act” que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En noviembre, Washington anunció sanciones por la “represión” en Nicaragua contra Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Ortega.
El 5 de julio, EE.UU. sancionó por su participación en la violencia en Nicaragua al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa y tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, y a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de Ortega Murillo y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.
A juicio de Ortega, Estados Unidos y la oposición nicaragüense están utilizando las sanciones “como utilizaron hace un año los tranques” o bloqueos de vías, en el marco del fallido diálogo nacional que se desarrolló entre mayo y julio del 2018.
“Ahora no hay tranques, entonces son las sanciones para buscar cómo alcanzar sus objetivos”, señaló esta semana el mandatario, al referirse por primera vez a las penalizaciones contra su círculo más cercano.
En la mesa de negociación que el Ejecutivo mantiene con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la que esperan superar la crisis, el Gobierno ha pedido hacer un llamado conjunto a la comunidad internacional a suspender las sanciones, que ha tildado de “ilegales y unilaterales”.
La Alianza Cívica argumentó que una vez que las partes consideren que se han cumplido los seis puntos acordados en la mesa, se abocará a las gestiones conjuntas con el Gobierno para que las sanciones sean levantadas, tal como fue convenido por las partes el 20 de marzo pasado.
Las sanciones hacen parte de la presión del Gobierno de Donald Trump contra Ortega, cuya Administración ha condenado la “represión” en Nicaragua y ha exigido la liberación incondicional de los “presos políticos”, entre ellos a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, y abogado por un adelanto de las elecciones.
Una fuente diplomática dijo a Efe que Ortega, de 73 años, es especialmente vulnerable a las sanciones contra sus allegados y que, por lo visto, es una de las razones que lo obliga a negociar y a ceder.
Lo que resulta claro, apuntó el economista y disidente sandinista Enrique Sáenz, es que las sanciones internacionales trastornan el juicio de la familia gobernante.
El martes pasado, Ortega cargó contra los que a su juicio celebran las sanciones contra los suyos y los calificó, entre otros, de “judas”, “caínes”, “peleles”, “vendepatrias”, seres humanos sin alma ni corazón, seres abyectos, y de tener un comportamiento “vergonzoso e indignante” y que “entregan a su pueblo a los imperialistas”.
