Por Damaris Silverio
Santo Domingo.-La comisión de género de la Cámara de Diputados pidió a los partidos políticos cumplir con el mandato de la Constitución de la República sobre la participación equilibrada entre hombre y mujeres en la Ley de Partidos, tras advertir que de no acogerse esta propuesta se estaría violando la Carta Magna.
Magda Rodríguez, presidente de la comisión, indicó que el articulo 39 establece el derecho a la igualdad indicando que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.
Rodríguez, hablar en rueda de prensa, dijo las diputadas de diferentes fuerzas políticas en el Congreso Nacional, expresan su inconformidad con los acuerdos preliminares a que arribaron las cúpulas de los partidos, que ha sido acogida por los miembros de la Comisión Especial que tiene a su cargo el estudio el proyecto de Partidos, ya que en esencia desconoce en la letra y el espíritu los mandatos constitucionales.
Recordó que la a iniciativa tiene más de dos décadas en el Congreso Nacional, pero, entiende que se debe cumplir con el precepto constitucional.
Rodríguez entiende que esa postura es antidemocrática retrotrayendo a las mujeres a la miradas del siglo XVIII, por lo que consideró como inaceptable que los líderes de los principales partidos dominicanos mantengan ideas ya superadas sobre la inferioridad femeninas: “Lo que más indigna es que se hayan atrevido a realizar negociaciones que nos excluyen y no garantizan nuestros derechos”, aseveró Rodríguez.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género indicó que la mujer tiene el derecho a la participación de 50-50 en este proceso electoral que se aproxima como establece la Carta Magna, al referirse a las intenciones de mantener el mecanismo de la cuotas con el 33%.
Añade que ese es un mecanismo provisional que solo se procura cuando se trata de hacer valer derechos frente a normativas que no protegen a los grupos que sufren discriminación, lo cual no se aplica al caso de nuestro país en que la Constitución manda de manera expresa a equilibrar la participación de hombre y mujeres..
