El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoce que no supieron entender el «clamor» por una sociedad más justa, después de treinta años de crecimiento económico y promete «acelerar el ritmo» de las reformas sociales como la de las pensiones, el sistema de salud y la educación.
«No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos», afirma Piñera en una entrevista que publica hoy el diario español «El País».
El presidente chileno, que estrenó su segundo mandato en 2018 después de estar en el poder de 2010 a 2014, reconoce que han sufrido «las tres semanas más violentas y disruptivas que yo recuerdo» y dice que fueron provocadas «por grupos criminales organizados», además de la delincuencia tradicional, el narcotráfico, los anarquistas y muchos más.
Las protestas en este país austral, que han causado al menos 20 muertos según datos oficiales, seis de ellos ciudadanos extranjeros, se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio del pasaje de metro en la capital, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno del conservador Piñera y las desigualdades de la sociedad chilena.
«Ahora nos damos cuenta de que la demanda social era más urgente y más profunda y hay que acelerar el ritmo», dice el presiente chileno, pero advierte de que «hay que tener muy claro el norte para no caer en la tentación de la demagogia y el populismo».
Piñera, empresario y uno de los hombres más ricos de Chile, considera que la violencia vivida en su país en las últimas semanas «no es algo espontáneo ni casual» y ante la posibilidad de que haya podido haber intervención de gobiernos extranjeros, con la mirada puesta en Venezuela, el mandatario afirma que «no descarta nada», pero como presidente «tiene que ser prudente».
Respecto a la violencia ejercida por los agentes de seguridad, el mandatario chileno considera que tomaron tomas las precauciones para asegurar el respeto de los derechos humanos, pero si alguno de ellos cometió excesos, «tendrán que ser investigados y juzgados».
Además de los veinte muertos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, ha habido 1.915 heridos, de los que más de la mitad (1.003) sufrieron disparos.
