(RT).-Hace 5 años, el 9 de marzo del año 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró una emergencia nacioHace 5 años, el 9 de marzo del año 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró una emergencia nacional contra Venezuela, tras considerar que la situación política del país caribeño constituía “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y política exterior de Washington.
La declaración, que figura en el Decreto 13692, sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. En un primer momento, las sanciones —que incluyeron la congelación de los activos ubicados en los EE.UU.— se dirigieron a diversos funcionarios de alto rango.
No obstante, ese régimen inicial ya tenía el potencial de ser extendido a “toda persona” que el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, determinara como “responsable o cómplice” de acciones que EE.UU. definiese unilateralmente como “ilícitas”.nal contra Venezuela, tras considerar que la situación política del país caribeño constituía “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y política exterior de Washington.
La declaración, que figura en el Decreto 13692, sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. En un primer momento, las sanciones —que incluyeron la congelación de los activos ubicados en los EE.UU.— se dirigieron a diversos funcionarios de alto rango.
No obstante, ese régimen inicial ya tenía el potencial de ser extendido a “toda persona” que el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, determinara como “responsable o cómplice” de acciones que EE.UU. definiese unilateralmente como “ilícitas”.
Primeros alcances
Los primeros motivos para ser objeto de sanciones por parte de EE.UU. eran, por ejemplo, “ser o haber sido funcionario del Gobierno de Venezuela”, lo que atribuía “culpabilidades” basadas en la asociación de una persona con el Gobierno, y no en el hecho de haber cometido un acto ilícito en sí.
En este decreto, se entendía por “Gobierno de Venezuela”, cualquier subdivisión política, organismo o agencia del Estado, o funcionario. Durante la Administración de Obama fueron 7 los funcionarios sancionados. Pero, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento amplió sus medidas unilaterales.
Sin embargo, varios años han pasado y el impacto de las sanciones no ha discriminado entre Gobierno y oposición. Los venezolanos, en su totalidad, parecen hoy las consecuencias de esas medidas, por lo que desde ambos sectores políticos coinciden en el rechazo a esta estrategia de presión.
“El debate sobre las sanciones está muy distorsionado por intereses políticos. Por un lado, la narrativa oficialista atribuye a las sanciones la causa única de la crisis económica y por el otro lado, el sector de la oposición afirma que las sanciones son solo contra funcionarios corruptos, negando que hay sanciones económicas que afectan a todo el país”, señala el economista opositor venezolano Víctor Álvarez.
Las medidas coercitivas, además, no solo son las que figuran en los decretos públicos. De acuerdo con el Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Quintana, “han operado sobre Venezuela sanciones informales o de facto, que no están establecidas en ningún documento oficial, y hay sanciones formales establecidas mediante instrumentos jurídicos y administrativos. Las primeras vienen aplicándose desde hace al menos una década”.
Según Quintana, estas sanciones “informales” se manifestaron principalmente en el sobredimensionado riesgo país, que multiplica exponencialmente el costo de la deuda soberana de Venezuela y en las restricciones financieras sobre operaciones de comercio internacional, que se vinculan a la importación de alimentos, medicamentos y repuestos estratégicos para empresas y servicios públicos.
