SANTO DOMINGO.-Ante la observación que hizo el Poder Ejecutivo a la ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que expertos consideran se hizo fuera del plazo establecido por la Constitución, una comisión especial de diputados que estudia la el proceso citó este lunes a abogados constitucionalistas y técnicos de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL).
La reunión, realizada en el salón Hugo Tolentino Dipp, fue encabezada por el presidente de la comisión especial, Máximo Castro Silverio y en los debates intervino el experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez, así como Elpidio Bautista y Nelson Feliz, director y coordinador, respectivamente, de OFITREL.
Los tres coincidieron en señalar que la iniciativa legislativa fue devuelta fuera del plazo que establece la Constitución de la República.
Argumentaron que de acuerdo al artículo 101 de la Carta Manga, el Presidente de la República tiene cinco días de plazo para promulgar o vetar una ley que haya sido declarada de urgencia en una de las dos cámaras legislativas, y lo hizo cuatro días después.
La ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que duró varios años en el Congreso Nacional, fue aprobada de urgencia en el Senado de la República y remitida por la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo el día 29 de julio del 2020, el cual la devolvió el 7 de agosto.
El experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez entiende que el presidente de la Cámara de Diputados, desde donde se remitió la Ley al Poder Ejecutivo, tiene un plazo de dos legislaturas para publicar la iniciativa, ya que se considera promulgada, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República.
Rodríguez recomienda que el presidente de la Cámara de Diputados proceda a publicar dicha ley, pese a que pueda herir sensibilidades, porque no hacerlo implicaría neutralizar al Congreso. Nacional.
La Ley en cuestión dice, en uno de sus considerandos, que la Constitución de la República establece que es deber del Estado la preservación y protección del medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones, a los fines de garantizar los derechos individuales y colectivos de uso y goce sostenible de los recursos naturales, así como el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y la naturaleza.
Una de las disposiciones transitorias de esta Ley es la obligación de la reducción de los residuos generados por el uso de todo tipo de envase de poliestireno expandido, conocido como fon, para los embalajes destinados a la conservación y expendio de alimentos y bebidas a partir de los 60 meses de la entrada en vigencia.
El presidente de la comisión especial, Castro Silverio, convocó una nueva jornada de trabajo para el próximo lunes, a las 3:00 de la tarde, a los fines de continuar el estudio de la referida iniciativa legislativa.
