Por Marino Ramírez Grullón
Desde los electos alcaldes hasta funcionarios designados recientemente por el Presidente Luis Abinader, muchos se han dedicado a realizar denuncias de supuestas irregularidades en la pasada gestión que luego no es documentada ni llevada a la justicia.
En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana ha desafiado a las autoridades que procedan o dejen de hacer acusaciones.
Y hasta con razón el PLD reclama que las cosas se aclaren porque eso sirve para desacreditarlos ante la opinión pública sin que se presente prueba alguna sobre las denuncias.
Tradicionalmente eso es lo que pasa cuando hay cambio de gobierno o de autoridades municipales, lo que entiendo es una actitud irresponsable de quienes denuncian pero nada más.
Los ciudadanos esperan justicia en torno a la corrupción administrativa pero realizando acusaciones sin pruebas nada se consigue.
Los alcaldes algunos de ellos asumieron deudas millonarias y otras situaciones anómalas cuando llegaron a los puestos acusaron a sus antecesores pero no más.
En lo que tiene que ver con la gestión administrativa se acusa de robo a muchos anteriores funcionarios pero ni se presentan pruebas ni se va a la justicia.
El PLD por eso hace el desafío lo que pone en apuros a los denunciantes que tendrán que asumir sus responsabilidades o pedir disculpas.
Ahí está en detalle.
Me parece que hay que asumir la actitud de la Procuradoría General de la República que quitó los expedientes sobre corrupción a la Fiscalía del Distrito y los van a investigar ellos.
Esto se debe a que en el Distrito se le ha estado dando largas al asunto.
Del choque de ideas sale la luz y en el caso de la Fiscalía del Distrito y de la Procuraduría General saldrá alguna claridad ya que estos documentos serán revisados para llamar a los involucrados a declarar.
Todo es cuestión de tiempo de ver quien tiene la razón debe salir por encima de cualquier circunstancia pero que salga que no sólo sea vocinglería.
