Santo Domingo, (EFE).- La ministra de la Juventud de la República Dominicana, Kimberly Taveras, solicitó una licencia del cargo, en el que lleva dos meses, para facilitar una investigación de la Fiscalía sobre el origen de su patrimonio.
Taveras, en una breve intervención ante la prensa, afirmó que su decisión es «personal» y aseguró que ya se la ha comunicado al presidente Luis Abinader, quien prometió cero tolerancia con la corrupción desde que asumió el cargo el 16 de agosto.
La decisión de Taveras fue anunciada horas después de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó de que abrió una investigación de oficio sobre el patrimonio de la ministra.
Al asumir el cargo, la ministra declaró poseer un patrimonio de 74 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares) en una declaración jurada presentada a la Cámara de Cuentas.
El escándalo se desató hace una semana, cuando un programa periodístico denunció que Taveras tenía contratos con el Estado, lo que está vedado por ley a los funcionarios electos, ministros y jueces, entre otros altos cargos.
La ministra calificó las acusaciones en su contra como «ataques infundidos e inmerecidos», aunque aseguró que está «a disposición» de la Justicia para ser sometida a una investigación «exhaustiva».
Precisó que se presentará el próximo viernes ante el Ministerio Público para declarar ante los fiscales anticorrupción de la Pepca, con el objetivo de «salvaguardar» su «honor».
La semana pasada, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del registro de proveedores del Estado de la ministra y, del mismo modo, abrió una investigación para determinar si sus empresas se han beneficiado de contratos públicos.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una que tiene su nombre y otra, el Colegio Domínico Chino, del que es gerente administradora y poseedora del 75.
El pasado 8 de octubre, la DGCP anunció la suspensión de la consideración de proveedor del Estado a 119 funcionarios, en concreto a 113 alcaldes y regidores, a dos jueces y a otros cuatro funcionarios.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales
