SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Ministerio Público reafirmó este viernes que a la empresa brasileña Odebrecht le fueron adjudicadas 16 obras cuyos contratos y aprobación de financiamiento fueron obtenidos mediante el pago de sobornos a legisladores y funcionarios del país.
Durante el juicio que se sigue a seis implicados en el caso, en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, agregó que los pagos fueron realizados a través del intermediario comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón Rijo o por vía directa.
Afirmó que para lograrlo, Rondón utilizaba una estructura corporativa de dos empresas offshore del encartado, registradas en Antigua, Barbuda y Panamá, denominadas Conamsa Internacional y Lashan Corp, en coordinación con la sociedad comercial Norberto Odebrecht.
Los representantes del órgano acusador en la parte introductoria de la acusación presentada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que se ordenara la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, y los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
El Ministerio Público indicó que a través de las diligencias de investigación realizadas en este caso pudo establecer que la Constructora Norberto Odebrecht fue contratada para la ejecución del Acueducto de la Línea Noroeste, la Hidroeléctrica Pinalito, la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, la Hidroeléctrica de Palomino, el Acueducto de Samaná y el Acueducto Hermanas Mirabal.
También, para la construcción de la Carretera de Casabito, Autopista del Coral, el Corredor Duarte, Carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar y la Carretera el Río-Jarabacoa, así como del Corredor Duarte II, Circunvalación de La Romana, Carretera Cibao-Sur y Eco vías de Santiago, entre otras.
En su acusación el Ministerio Público precisa que una sociedad offshore constituye una empresa cuya característica principal es su registro en un país en el que no realiza ninguna actividad económica.
Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez, son acusados de recibir sobornos, así como de incurrir en prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aplazaron el juicio para el próximo 12 de noviembre, luego de acoger la solicitud de uno de los abogados de la defensa, quien señaló que se había cumplido el horario establecido.
