SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Tras advertir, una y otra vez, a la defensa del imputado Juan Alexis Medina Sánchez que se concentrara en la presentación de sus conclusiones respecto a las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, el juez José Alejandro Vargas aplazó para este martes, a las 5:00 de la tarde, el conocimiento de la audiencia a los once apresados en la Operación Anti Pulpo.
Aunque permitió a la defensa técnica del imputado, encabezada por el abogado Carlos Salcedo, que expusiera sus argumentos frente a la petición de los fiscales, Vargas insistió en que debían sujetarse a la presentación de los presupuestos que demostraran el arraigo de su defendido.
El juez apuntó a la “terquedad” de la defensa de Medina Sánchez. En ese contexto, advirtió que suspendería el conocimiento de la medida para las 5:00 de la tarde de este martes si la defensa no terminaba de exponer antes de las 1:00 de la mañana. Una decisión que se convirtió en un hecho mientras la anunciaba y salía con prisa de la sala de audiencia justo a la 1:00.
En la segunda jornada, que se inició pasadas las 2:00 de la tarde del lunes, el Ministerio Público expuso que el imputado Medina Sánchez es, hasta el momento, la cabeza visible del entramado compuesto por exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros que se valieron de sus vínculos con el poder político para lograr procesos contractuales que les generaron al menos cinco mil millones de pesos.
En vista de las gravísimas imputaciones en su contra, el órgano de la persecución solicitó que a Medina Sánchez le sea impuesta una medida de coerción de 12 meses de prisión preventiva, que el proceso sea declarado complejo y que sus empresas sean provisionalmente inmovilizadas, para evitar transferencias de acciones y activos del entramado societario que se le atribuye.
De acuerdo con la instancia de solicitud de medidas de coerción, el hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez operaba como un pulpo, cuyos tentáculos (compañías a nombre de testaferros) se establecían como proveedoras en múltiples instituciones estatales, para obtener contratos en modo privilegiado y ofrecer servicios que a veces no satisfacían los requerimientos, un sistema que le permitió beneficiarse con casi cinco mil millones de pesos a costa de los contribuyentes.
