SANTO DOMINGO.- La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que el Ministerio Público sigue firme con la incorporación de pruebas contra los procesados del Caso Odebrecht.
Explicó que los fiscales incorporaron informes financieros de Tommy Galán, exsenador de la provincia San Cristóbal, cuyas informaciones arrojan que manejó entre sus cuentas personales y sus empresas un aproximado de RD$220 millones.
Los informes fueron incorporados con la comparecencia de la testigo número 11 del Ministerio Público, la analista financiera Jissel del Carmen Paulino Cáceres.
“La testigo no puede hablar de hallazgos ilícitos porque tal y como ella repitió a varias preguntas formuladas por la misma defensa, ella no estaba buscando ilícitos penales, ella realizó una recopilación de información suministrada por la Superintendencia de Bancos y por la DGII y tabuló esas informaciones que arrojan que el imputado Tommy Galán manejó entre sus cuentas personales y sus empresas un aproximado de RD$220 millones de pesos”, dijo.
“Esa es la información que realmente ha salido en el día de hoy en el tribunal”, puntualizó, al responder preguntas de los periodistas que le cuestionaron en torno al tema tras finalizar la audiencia.
Agregó que el hecho de que las transacciones no se hayan recibido o realizado directamente desde la compañía Odebrecht, no implica que no estén relacionadas o vinculadas.
“Les reitero lo que decíamos en ocasiones anteriores: ninguna persona recibe dinero de soborno y lo deposita en sus cuentas de bancos; el sistema de corrupción no opera de esa manera, y cuando unamos estas pruebas con las demás pruebas que ustedes van a seguir viendo en el desarrollo de este proceso, ustedes se darán cuenta del fin que tenían estos informes”, expresó.
Ortiz forma parte del equipo de fiscales que representa al Ministerio Público en el juicio, el cual encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.
Además de Galán el juicio se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el abogado Conrado Pittaluga, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.
Los seis son procesados por los US$92 millones de sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos de obras del Estado.
