Santo Domingo.-El Procurador Especializado de Crímenes y Delitos Contra la Salud, doctor Rafael Brito Peña, atribuye a una acción de criminalidad organizado las operaciones de bebidas alcohólicas adulteradas, de las cuales se han sacado más de 40,000 litros del mercado y cuyos efectos han cobrado la vida de más de 100 personas en lo que va de año.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, exhortó a la ciudadanía a colaborar y prevenir el consumo de bebidas adulteradas, el cual el Ministerio Público está combatiendo con dureza.
Aseguró que hay operaciones en todo el territorio nacional, con miras a contrarrestar ese flagelo, que registró un incremento de manera alarmante a raíz de la pandemia del Covid-19.
“El tema es que es una estructura que funciona y lo que se está persiguiendo es intereses económicos, o sea, podríamos decir que se trata de criminalidad organizada porque si vemos lo que establece el Código Penal dominicano, pero además algunas convenciones, como es la Convención de Palermo del año 2000, de la cual la República Dominicana es signataria, son dos o más personas que se asocian para cometer este delito y recibir algún tipo de beneficio”, adujo.
Brito Peña puntualizó que actualmente los decesos por ingesta de bebidas adulteradas superan las 100 personas, impacto que se registra básicamente por el contenido del metanol.
“Se han presentado una serie de eventos en diferentes provincias del país, ya unas 15 provincias han sido impactadas y hemos ido avanzando en las investigaciones”, agregó.
Indicó que el Ministerio Público ha estado avanzando de manera rápida en las investigaciones en cada una de las demarcaciones donde han ocurrido los hechos.
“Tenemos personas con medidas de coerción, con orden de prisión preventiva, con garantía económica y pienso que más temprano que tarde daremos con los principales responsables de la cadena”, significó.
El magistrado consideró que las personas que se dedican a adulterar alcohol integran toda una estructura, con diferentes niveles, y hasta ahora se han estado procesando a los distribuidores.
Asimismo, aseguró que las autoridades avanzan en las fuentes de fabricación y suministro de la letal bebida.
Planteó que las medidas que se están tomando para minimizar o erradicar la acción comprenden la activación de la inteligencia y la investigación para desarticular las estructuras que opera en este comercio ilícito.
“Por otro lado, estamos sacando todo el producto que está en el comercio y por eso ya hemos hecho aproximadamente 30 allanamientos, no solamente el Ministerio Público, sino con el apoyo de varios de los órganos reguladores”, adujo.
Brito Peña manifestó que el Ministerio Público está operando de manera activa con Pro Consumidor y el Ministerio de Salud Pública, que accionaron en los últimos días en Santiago, Puerto Plata y Los Alcarrizos.
Afirmó que hay una sincronización, un acercamiento y cooperación recíproca de las instituciones del Estado que tienen que ver con la problemática.
Sostuvo que los órganos reguladores están integrados, como son Salud Pública, Pro Consumidor, la Dirección General de Impuestos Internos, Industria y Comercio, la Dirección General de Aduanas, el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y el Gabinete de Salud, que encabeza la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Asimismo, aseguró que también cuenta con el apoyo del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM).
“El año pasado arrestamos más de 40 personas”
El Procurador Especializado de Crímenes y Delitos Contra la Salud afirmó que en el 2020 murieron más de 200 personas, fueron apresados más de 40 y abiertos 22 procesos judiciales en contra de los imputados.
El doctor Rafael Brito Peña dijo que se lograron cinco años de prisión y multas para dos personas y otros procesos acusados en la práctica están en curso en los tribunales.
Explicó que a finales del 2017 se presentó un ligero brote de fabricación de bebidas adulteradas en la frontera, dejando como resultado la muerte de más de 20 personas.
Significó que producto de la persecución a estas acciones delictivas, la Procuraduría General de la República ha obtenido 35 sentencias condenatorias en contra de procesados por el delito en lo que lleva de gestión en la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud.
Admitió que han sido muy tímidas las sanciones penales en contra del delito, porque no había sido abordado con la eficiencia que se está haciendo actualmente.
