Santo Domingo.-A petición de la defensa, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso un receso para reiniciar esta tarde a las 4:00, la medida de coerción contra los implicados en el caso de corrupción, denominado Coral.
En la audiencia que se sigue al mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y la declaratoria de caso complejo
En el expediente, también están implicado el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, garantizó que el Ministerio Público seguirá realizando todos los esfuerzos necesarios para procesar a todos los implicados en el entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Coral.
Camacho sostuvo que el Ministerio Público llevará ante los tribunales a “tantas personas como sea necesario” y “las evidencias indiquen que están vinculadas a este entramado de corrupción”.
El Ministerio Público concluyó en horas de la noche con la presentación de la medida de coerción del Caso Coral y solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los seis involucrados en el expediente.
Los representantes del Ministerio Público detallaron parte de los bienes acumulados de forma irregular por los involucrados en el expediente.
También hicieron referencia a un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, y el que, según explicaron, pertenece al general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
“Sin embargo, no entendemos por qué disfraza dicha propiedad a través de un contrato de alquiler por el que supuestamente paga tres mil dólares mensuales por una propiedad de uso esporádico”, expuso una de las representantes del Ministerio Público.
La procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, pidió al tribunal que proceda a declarar la complejidad del proceso y que imponga la prisión preventiva por 18 meses en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, San Cristóbal.
Reynoso dijo que en la instancia teorizaron sobre la corrupción, definiéndola como una plaga insidiosa y de amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, “porque socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada”.
Agregó que la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el clima de desarrollo de una sociedad.
De su lado, el titular de la Pepca explicó que el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y dijo que ello es una consecuencia de que se haya solicitado la declaración del caso complejo.
“Además, nosotros hemos demostrado en el tribunal que este es un caso de los más complejos que ha manejado el Ministerio Público, donde tenemos información que tenemos que analizar, a fin de determinar hasta dónde llega este entramado de corrupción que ha depredado fondos públicos”, dijo Camacho, tras reiterar que por ello solicitaron 18 meses de prisión preventiva.
El equipo que representa al Ministerio Público lo encabezan los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
Al inicio de la presentación de la solicitud de medidas de coerción, el magistrado Camacho dijo que el Caso Coral muestra la corrupción en las entrañas del poder.
