WASHINGTON.- El gobierno de los Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos que ha venido realizando la República Dominicana en materia de lucha contra la trata y tráfico.
El informe anual publicado por el Departamento de Estado asciende al país y lo saca de la “lista de advertencia”, donde había sido puesto el año pasado.
En el vigésimo primer informe anual sobre la trata de personas (TIP), publicado el 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado aseguró que se han visto avances en general en la lucha contra la trata y el tráfico de personas.
Asimismo, destacó los esfuerzos cada vez mayores para investigar la complicidad oficial en delitos de trata, la prohibición del matrimonio infantil y la ayuda migratoria ofrecida a venezolanos vulnerables.
En enero del 2021, el presidente Luis Abinader promulgo la Ley 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil, herramienta importante para evitar que las niñas se conviertan en víctimas de la trata.
Según el informe, que fue presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un evento virtual transmitido en vivo, se notó cómo el Gobierno dominicano aumentó los esfuerzos de enjuiciamiento.
Citando que la Procuraduría General de la República inició 63 investigaciones (59 por trata sexual, cuatro por trata laboral) en el 2020, en comparación con 26 investigaciones en 2019, 11 en 2018, 17 en 2017 y 25 en 2016.
Asimismo, dice que la unidad policial contra la trata informó haber iniciado 44 investigaciones en el 2020, en comparación con 35 investigaciones en 2019.
Si bien el informe menciona que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Policial contra la Trata como los principales cuerpos de seguridad que perseguían casos de trata, con unidades policiales en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica, refiere que los recursos estén altamente concentrados en la capital, lo que resulta en «una falta de capacidad institucional para investigar y procesar adecuadamente los casos de trata de personas en lugares del país fuera del área metropolitana de Santo Domingo».
El documento de once páginas reconoce que indudablemente la pandemia afectó las acciones oficiales. Señala, sin embargo, que no obstante una disminución en el número de casos procesados por las fuerzas del orden, tanto el gobierno como las ONG informó que los tribunales crearon protocolos para audiencias virtuales y presenciales.
El informe también destaca los esfuerzos del gobierno para capacitar a 153 funcionarios de defensa, turismo, policía, inmigración y representantes de la sociedad civil sobre la detección del delito de trata de personas y sobre los métodos fraudulentos que emplean los traficantes en cooperación con una organización internacional.
En materia de protección, según el informe, el gobierno mantuvo los esfuerzos de protección a las víctimas, identificando en lo que va de año a 95 víctimas (82 por trata sexual y 13 por trata laboral), frente a 195 víctimas en 2019, 96 en 2018, 102 en 2017 y 157 en 2016. De las 95 víctimas identificadas, 56 eran dominicanas y 39 extranjeras; 54 eran adultos y 41 niños.
En el apartado de prevención, el documento citó los esfuerzos de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), para continuar funcionando con normalidad durante el período del informe luego de trasladar sus reuniones en línea en respuesta a la pandemia.
