A finales de julio el secretario técnico, Jean Robert Constant solicitó al primer ministro Ariel Henry adoptar medidas para que los miembros de la cuarta magistratura tomaran posesión de sus cargos, tras la muerte del presidente de ese órgano, René Sylvestre.
Constant señaló que el asesinato del mandatario Jovenel Moïse el pasado 7 de julio retrasó aún más ese proceso.
No obstante, para las asociaciones firmantes que también incluyen al Oficina Internacional de Abogados y la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Defensa de Derechos Humanos, la quiebra de todos los poderes públicos –incluido el judicial- es uno de los elementos constitutivos de la crisis multidimensional que devora al país.
Por este motivo rechazaron cualquier acuerdo que pretenda reproducir o asegurar la permanencia de un sistema judicial ‘corrupto, ineficiente y garante de la impunidad’, aseguraron en el comunicado.
Recordaron, asimismo, que el primer ministro no tiene competencia institucional o legal para juramentar a los miembros del CSPJ.
El magnicidio contra Moïse afianzó el vacío institucional del país, que desde 2020 carecía de parlamento tras vencerse los mandatos de todos los diputados y de dos tercios de los senadores, y cuyo aparato judicial funcionaba de manera irregular, situación agudizada con la muerte de Sylvestre.
