Santo Domingo, RD.-La procuradora adjunta Yeni
Berenice Reynoso confirmó que varios legisladores están vinculados
a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la
Operación Falcón y que este lunes el Ministerio Público solicitará a la
Suprema Corte de Justicia la designación del juez especial que lleve el
control del proceso en su contra, por su jurisdicción privilegiada.
Reynoso, quien encabezó el equipo de litigantes junto al fiscal de esta
jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, y la procuradora de corte Luisa
Liranzo, explicó que el Ministerio Público informará oportunamente
a la sociedad los nombres de los legisladores involucrados una vez
solicite la designación del juez instructor a la Suprema Corte de
Justicia.
“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue el Ministerio
Público bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán, todo
aquel que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser
judicializado y procesado”, resaltó.
La responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio
Público recordó que desde que se inició la Operación Falcón, el
pasado martes, luego de meses de investigación, los equipos de
fiscales, de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas
(DNCD) y de otros organismos de seguridad del Estado dominicano
siguen en las calles, las 24 horas del día, “haciendo decenas de
allanamientos y operaciones de investigaciones más con respecto a
este proceso”.
El fiscal Bonilla Hiraldo resaltó que la jueza Iris Borges, de la Oficina
Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso el
aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción contra 21 de
los imputados en la red criminal para el próximo viernes 17 de este
mes, a las 10:00 de la mañana.
“La defensa ha reconocido la complejidad del proceso que el
Ministerio Público ha presentado ante el tribunal. Necesita tiempo,
espacio para trabajar en su defensa técnica y material, lo cual el
Ministerio Público entiende”, dijo.
El Ministerio Público “continuará trabajando el caso en todas las
líneas de investigación que vayan surgiendo cada día”, reafirmó el
fiscal de Santiago a los periodistas que abordaron al equipo de fiscales
al salir de la audiencia de este domingo.
Además de Reynoso, Bonilla Hiraldo y Liranzo, a la audiencia
subieron los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez,
Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García y
Enmanuel Ramírez.
La Directora General de Persecución del Ministerio Público destacó
que se trata de una investigación compleja, tal y como lo evidencian
los cientos de pruebas presentadas al tribunal, en la que los fiscales
llevan bastante tiempo y que “está fundamentada en pruebas que son
irrefutables”.
Detalló que al tribunal fueron entregadas, incluyendo en formato
electrónico, cientos de miles de páginas de pruebas recabadas durante
la investigación que llevó a la Operación Falcón, la cual deberá quedar
registrada en la historia de República Dominicana como uno de los
más amplios golpes contra el crimen organizado.
Reynoso resaltó que los fiscales tienen bajo custodia una serie de
bienes de toda naturaleza y que se han ocupado en la operación contra
la estructura de crimen organizado que tenía como centro de
operación la ciudad de Santiago, pero que tenía ramificaciones en
varios puntos del país, además de tener conexiones con Puerto Rico,
Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.
En la operación Falcón participan más de 60 fiscales, así como más
de 200 agentes de la DNCD, bajo el mando directo de su presidente,
el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
En el transcurso de las pesquisas se han realizado más de 100
allanamientos, durante los cuales han sido ocupados más de cien
vehículos de motor, más de cuatro millones de dólares, bienes
inmuebles y estaciones de combustibles.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que la red de
narcotráfico operaba antes de 2012 y que existen evidencias de que a
partir de 2017 incrementó sus operaciones. Entre República
Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron al menos 8,500 kilos de
cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que
desempeñaban sus operaciones delictivas.
Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales,
los integrantes de la organización lavaron cuantiosas sumas de dinero
dentro de una red delictiva en la que traficaron cientos de miles de
kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico,
movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa
actividad criminal.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público explicó
que los involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon
una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de
manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones
criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de
narcotráfico.
Los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico,
cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de
combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas,
prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y
empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera
directa a legisladores.
La red criminal tenía su base de operación en la provincia Santiago
con ramificaciones en la región este del país. Sus integrantes, según
se ha determinado durante las indagatorias, portaban y traficaban
armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los
organismos de seguridad del Estado.
Para el desmantelamiento de la red criminal, que traficó con
toneladas de cocaína y que lavó al menos 10 mil millones de pesos, las
autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional,
en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y
beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas
provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y
Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al
territorio continental de Estados Unidos de América, Puerto Rico y
Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble
fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
