SANTO DOMINGO (República Dominicana.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuó este lunes con el juicio de fondo que se sigue a los implicados en recibir sobornos de caso Odebrecht para adjudicarle obras del Estado en el país a la compañía de Brasil.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo escucharon este lunes a la defensa de Roberto Rodríguez Hernández, la cual concluyó este mismo lunes, aunque disponía hasta este martes para presentar sus alegatos respecto a la acusación por su vinculación a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht.
El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta este martes 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que está prevista que inicie con su discurso de cierre la defensa del imputado Conrado Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público
La fiscal Mirna Ortiz reprobó el discurso de clausura de la defensa del imputado Rodríguez Hernández, y dijo “que fue bastante pobre y parco”, que no dio respuesta a cuestiones de trascendencia planteadas en la acusación del Ministerio Público.
La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) manifestó que la defensa no dio explicaciones a puntos nodales de la acusación, como es la omisión de bienes en su declaración jurada de patrimonio.
“No dio explicaciones sobre el cheque recibido por su cuñada de manos de Ángel Rondón y esperábamos que estos fueran los temas que se trataran en la clausura; sin embargo, su alegato no da respuesta ninguna de estas cuestiones planteadas de manera clara y precisa en la acusación, por lo que la acusación sigue con todas sus fuerzas”, recalcó la fiscal.
“La defensa de Roberto Rodríguez fue bastante pobre en sus alegatos de clausura; tanto así que iniciada después de las 9:00 de la mañana la audiencia -fruto de que no estaban preparados a las 9:00 de la mañana para iniciar- concluimos y todavía no es el mediodía”, añadió.
La fiscal Mirna Ortiz habló en esos términos ante interrogantes de periodistas de diversos medios de comunicación que la entrevistaron a su salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras la suspensión del juicio hasta este martes.
Insistió en que lo que planteó la defensa fue un discurso “muy pobre y parco” y que “para nada destruye la imputación que el Ministerio Público ha hecho”.
El Ministerio Público le atribuye al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas, además de lavado de activos producto de infracciones graves.
En la acusación, el Ministerio Público señala, entre otras imputaciones, que la multinacional brasileña entregó sobornos para lograr la adjudicación de 16 obras, entre ellas, la construcción del acueducto de la Línea Noroeste, para la cual Rodríguez Hernández firmó un contrato dolosa e ilegítimamente, violando todos los procesos administrativos.
Además de Rodríguez Hernández, el proceso se lleva contra los coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Inapa y exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público señala en el expediente acusatorio que pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a favor de los imputados, quienes presentaron un incremento patrimonial injustificado, “es decir, se enriquecieron ilícitamente y luego colocaron, ocultaron e integraron esos recursos ilícitos a la economía formal”.
En la etapa final del proceso, el Ministerio Público fue el primero en exponer en audiencias anteriores, pidiendo al tribunal en su discurso de cierre la imposición de penas de 10, siete y cinco años de prisión para los imputados. También, que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
