A inicios de junio comenzó una guerra abierta entre las bandas armadas por el control de Martissant, que une a la capital con los cuatro departamentos del sur, lo cual interrumpió la distribución de carburantes por la imposibilidad de acceder a las tres terminales petroleras del país.
Los intercambios hostiles se extendieron por más de dos meses, provocando la muerte de más de un centenar de personas que perecieron en el fuego cruzado, mientras otras 19 mil tuvieron que huir de la zona.
A mediados de agosto, tras el terremoto que sacudió al sur del país, las pandillas ofrecieron una tregua, pero luego comenzaron a obtener beneficios de la venta ilícita del combustible, según denunciaron las asociaciones petroleras.
Marc André Deriphonse, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Estaciones de Servicio relacionó la escasez de combustible con los altos índices de inseguridad y la actuación de bandas armadas que interceptan los vehículos distribuidores.
Denunció que los ataques aumentaron en las últimas semanas y a inicios de octubre lamentaron el secuestro de al menos cinco camiones, lo que obligó a los responsables de surtidores a pagar los rescates.
El titular de Comercio, aseguró que pidió ayuda del Ejército y la Policía para facilitar el transporte de productos petrolíferos en las zonas controladas por las bandas armadas.
Mientras esto aún no sucede solo algunas estaciones de servicio expenden carburantes con largas filas, obligando a muchos residentes a comprar a sobreprecio gasolina para sus vehículos y diésel para generar corriente.
