SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos rechazó, por carecer de fundamentos jurídicos que justifiquen sus argumentos, la recusación interpuesta por Jean Alain Rodríguez Sánchez contra 5 fiscales y la inhabilitación de más de 20 que llevan el caso por corrupción contra el imputado derivado de la Operación Medusa.
Espiñeira Ceballos recuerda, mediante el Auto 000020, de fecha 14 de marzo de este 2022, que funge como procurador general en el caso contra Rodríguez Sánchez, en virtud de que la magistrada Miriam Germán Brito, máxima representante del Ministerio Público, se inhibió de ese proceso.
El auto explica que Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol y Francisco Franco, abogados del procesado, enviaron a Germán Brito la notificación sobre la recusación y la solicitud de inhabilitación de los fiscales incoada por el procesado. Añade que, de inmediato, la magistrada la reenvió a Espiñeira Ceballos atendiendo a que está inhibida en el caso.
Espiñeira Ceballos rechazó la recusación que perseguía que los fiscales fueran apartados del caso y que además fueran inhabilitados para perseguir los hechos de corrupción imputados a Rodríguez Sánchez mientras se desempeñó como procurador general de la República entre 2016 y 2020.
El auto cita varios artículos de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, y el Código Procesal Penal.
Al evidenciar la falta de argumentos válidos para la recusación, Espiñeira Ceballos plantea que Rodríguez Sánchez “lo único que pretende al parecer es evadirse de la persecución penal de que es objeto”.
Por esa razón, afirma, “este pedimento es evidentemente improcedente, carente de base legal y falta de seriedad procesal”.
Establece, en sus considerandos, que no se ha podido establecer que entre los recusados y el recusante exista ningún tipo de enemistad, odio o resentimiento que les impida un ejercicio objetivo de sus funciones como miembros del Ministerio Público y mucho menos por haber algunos de los recusados accionado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en fecha 9 de marzo de 2020, contra las bases del concurso interno para titularidades del Ministerio Público denominado CIT-01-2020.
En ese sentido, explica que la acción de los fiscales atacaba un acto de carácter administrativo dictado por el Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno de la institución y no contra la figura de la persona que entonces ocupaba la Procuraduría General de la República.
Califica de “absurdo” pretender que el ejercicio de un derecho al uso de las vías recursivas, en este caso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sea considerado como un acto de odio, enemistad o resentimiento, ya que, por el contrario, se inscribe dentro del ejercicio de un derecho constitucional.
En conclusión establece que la solicitud resulta improcedente porque los motivos y criterios alegados por el recusante desencajan con todas las causales para acoger un pedimento acorde con las disposiciones de la norma procesal penal, muy especialmente las señaladas en el artículo 78 del Código Procesal Penal y del artículo 80 de la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público.
