Santo Domingo.-El periodista y abogado Namphi Rodríguez, director de la comisión consultiva de cara a actualizar la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, manifestó que llegó el momento de que “nos aboquemos a un debate sobre cuál debe ser un marco regulador garantista para una libertad, como la de expresión, que es esencial para el debate público”.
Ante la pregunta de cuáles entiende son los retos para tener una buena ley sobre el tema de la libertad de expresión, Rodríguez precisó que “en esencia, una legislación para regular el debate, debe ser el producto del debate”.
“El principal desafío que tenemos en la comisión es que esta ley que va a regular debates sea el producto de debates. Que haya la suficiente flexibilidad de parte de la comisión para escuchar a los propietarios, a los opinantes, a los tuiteros, a los periodistas, a los políticos, a los religiosos, a los juristas… mediante paneles que, digamos, van formando un abrevadero”, señaló el también catedrático en materias de libertad de expresión.
El presidente Luis Abinader había sometido un proyecto de ley de ciberdelincuencia que derivó en un debate con posiciones encontradas sobre la libertad de expresión, por lo que, decidió retirarlo y disponer mediante el decreto 333-22 la creación de una comisión consultiva para la misma, siendo nombrado honoríficamente Rodríguez, como su director ejecutivo.
“El presidente Luis Abinader en medio de un escenario en que se vertían críticas sobre cómo se pretendía regular la libertad de expresión, ha designado esta comisión de personas independientes, compuesta por juristas y representantes de medios de comunicación con el objeto de que se produzcan un debate plural y abierto sobre cuáles deben ser los parámetros para la regulación del tema de la libertad de expresión en la República Dominicana”, explicó Rodríguez, quien adelantó que ya se han reunido en par de ocasiones.
Comisión debe rendir informe en tres meses
Namphi Rodríguez apuntó que en este plazo de tres meses que le han dado a la comisión para que rinda un informe, que es consultivo y no vinculante para el Poder Ejecutivo, el reto también es que a raíz de ese debate plural surja una ley en perspectiva hacia el mundo cambiante de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación.
Durante su participación en el programa Reseñas, con los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, que se transmite por Entelevisión los sábados a las 9:00 de la noche, expresó que la libertad de expresión no es absoluta, porque no hay derechos absolutos, y que la misma se configura frente a otros derechos como el honor, la intimidad y la propia imagen.
La irrupción de las redes sociales
Rodríguez precisó que la irrupción de las redes sociales en el modelo de comunicación ha levantado un nuevo paradigma, al señalar que lo que era la práctica tradicional de los controles editoriales en el manejo de los medios y de los filtros editoriales, se convierte hoy día en una comunicación directa del ciudadano a través de las redes sociales.
“Los ciudadanos han reclamado su parte del pastel en el debate y ello ha generado un discurso más desinhibido desde el punto de vista de la ciudadanía”, manifestó el especialista en derecho constitucional, quien añadió que este es un tema complejo, ya que las redes sociales es un tópico inusitado no solo para el país, que tiene una legislación del año 1962, sino para las demás naciones.
El también catedrático de materias de la libertad de expresión, destacó que apenas ahora se están dando discusiones en los centros de pensamientos europeos sobre cómo manejar las redes sociales.
“Hay una serie de interrogantes respecto al contenido, de las grandes plataformas y de lo que representan para los medios convencionales, si hay la necesidad de una regulación especial o si bastaría hacerlo de acuerdo a los parámetros de los medios convencionales”, razonó Rodríguez.
Dijo que hay muchas interrogantes abiertas que se irán respondiendo en un debate lo más abierto, plural y llano posible.
La actual ley 6132 data del año 1962
Sobre la vigente Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, Rodríguez recuerda que es una copia de una vieja legislación francesa de 1882 y que se adopta en República Dominicana en 1962 a raíz de la caída de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, época en donde los medios de comunicación: centrados en manos del Estado o de testaferros de la familia del dictador, de repente se vieron en un ambiente de libertades públicas y había que regularlos.
Explicó que “se tomó esta ley francesa y en la oficina de un prestigioso abogado, el doctor Ramón Tapia Espinal (fallecido), se hizo una traducción que no es del todo muy buena y mediante decreto ley, un acto legislativo y administrativo que no existe en el ordenamiento jurídico dominicano porque es propio de los regímenes parlamentarios… el jurista Rafael F. Bonelly emitió la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento.
“Con sus luces y sombras esta ley ha sobrevivido desde 1962 hasta la fecha, estamos hablando de más de 60 años, y los medios de comunicación se han multiplicado, se han diversificado en términos tecnológicos, la democracia dominicana ha avanzado de manera muy significativa y esta regulación, digamos, se ha mantenido estática”, precisó Namphi Rodríguez.
Manifestó que ha sido el Tribunal Constitucional, mediante su jurisprudencia, a partir del año 2012, que ha proferido alrededor de una decena de sentencias que forman parte del cuerpo legislativo dominicano.
“Esto ha permitido que se vayan remozando algunos de los aspectos más cruciales del tema de la regulación de la libertad de expresión”, puntualizó.
