SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho lamentó la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al variar la medida de coerción de prisión preventiva a varios acusados por corrupción administrativa del Caso Anti Pulpo.
“La decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Agregó que “pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que haya sido declarado complejo, es igual, y eso no es así”, dijo Camacho al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial que lo entrevistaron a la salida del tribunal luego de las decisiones tomadas por el juez Deiby Timoteo Peguero.
“Estos procesos que estamos presentando ante los tribunales, simple y llanamente no tienen precedentes en la República Dominicana, y las muestras son abundantes, por ejemplo, ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo los espacios que existen en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no resultan suficientes para estos procesos, los que logramos caber en estas salas de audiencias es a duras penas, sin que en audiencias públicas pueda participar el público que tenga interés en participar en estos procesos”, expresó.
Dijo que esto significa que el propio sistema no tenía, no ha previsto espacios adecuados para este tipo de procesos.
“Estos megaprocesos son megacomplejos y el Poder Judicial debería asumirlos en esta dimensión”, proclamó en torno a los procesos judiciales que lleva la Pepca.
Explicó “que en este caso, por ejemplo, elementos que permiten medir el alto nivel de complejidad de estos procesos y que no pueden ser comparados con otros procesos declarados complejos, es el hecho de que, por ejemplo, en este caso hay ocho instituciones que han sido involucradas”.
“En este proceso hay 48 personas que han sido procesadas y este proceso tiene más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencias con la que cuenta el país y esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad que hemos visto anteriormente y esta es una cuestión que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces lo asuman al momento de tomar decisión”, añadió.
Añadió que “ni siquiera el legislador, nosotros podemos llegar a esa afirmación, tomó en cuenta el nivel de complejidad de estos procesos, porque temas como las empresas que nosotros procesamos no tienen reglas claras en el proceso penal para su procesamiento y es evidente de que lo que estamos haciendo es algo que no obedece a las reglas. Procesos que resultan extraordinarios deberían tener un tratamiento por parte del sistema en esa misma dimensión”, subrayó.
“Nosotros esperaremos la decisión del tribunal y tomaremos decisión en consecuencia”, dijo. Destacó, sin embargo, que se debe tomar en cuenta que la decisión tomada en el día de hoy sobre la medida de coerción no afecta la fortaleza del proceso.
Camacho sostuvo que, “en modo alguno esto condiciona el hecho de que este es un proceso blindado y que nosotros estamos más que convencidos de que con la alta cantidad de evidencias que hemos presentado deberá enviarse este proceso a juicio y que en juicio deberán aplicarse las sanciones correspondientes a cada uno de los procesados”, destacó.
El titular de la Pepca recordó que, en las últimas revisiones que conoció el tribunal, procedió a mantener las medidas de coerción, tal y como habían sido impuestas en este caso, acogiendo la solicitud planteada por el Ministerio Público.
