Santo Domingo. -Participación Ciudadana expresó este martes su preocupación y alertó a la sociedad ante destino de los casos de corrupción.
En un documento manifiesta que la sociedad dominicana está hastiada de corrupción e impunidad y “por eso marchó durante dos años, por eso votó en el 2020 y por eso ha puesto sus ojos en el trabajo del Ministerio Público y en los tribunales para dar seguimiento a lo que pasa en esas instancias”.
Expresa que, a pesar del esfuerzo colectivo, todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en el país.
Agrega que, casos que ocurrieron frente a los ojos de la nación y del mundo, algunos que ocuparon investigaciones internacionales y que recibieron condenas en varios países; otros cuyas pruebas fueron de público conocimiento, que se apoyaron en sólidas investigaciones del periodismo nacional y que estremecieron la conciencia ciudadana, ahora resulta que los tribunales dominicanos no encuentran culpables, unos pocos con leves condenas y la mayoría absueltos, quedando en el misterio quienes cometieron los hechos.
Señala que “los casos a los que nos referimos son, el de ODEBRECHT, el de los aviones Tucanos, el del barrio Los Tres Brazos y, recientemente, el caso de la OMSA. En los dos primeros, las empresas confesaron haber pagado sobornos y se les impuso multas”.
Participación Ciudadana agrega que los escándalos producidos por los negocios de ODEBRECHT tienen decenas de personas presas en el continente, mientras en República Dominicana, donde operó el centro de los sobornos y, según confesión, se entregaron más de 92 millones de dólares para obtener contratos, solo dos fueron condenados. En el de los tucanos, se comprobó y se recibió multa por el soborno, pero en los tribunales dominicanos, las personas que los recibieron quedaron en el anonimato y protegidos por el manto de la impunidad.
Añadió que en el caso Los Tres Brazos, barrio que estaba siendo vendido por una empresa privada a sus propios habitantes, tampoco se encontró culpables. Recientemente, en el de la OMSA, solo se condenó, con calificación de homicidio, al ejecutor del horrible asesinato del abogado Junior Ramírez; nadie fue cómplice de una muerte originada en denuncias de corrupción.
Tampoco pudo el tribunal sancionar a los responsables del entramado de corrupción que, de acuerdo a múltiples pruebas presentadas públicamente, operaba en la OMSA. En la parte dispositiva y en los comentarios de las juezas, se admite que hubo corrupción, pero condena, únicamente al gerente financiero, Faustino Rosario Díaz, a la pírrica pena de un año, por un cargo menor de concusión. Los demás involucrados fueron absueltos.
“Las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses, evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana y muestran que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad que sentó sus bases durante décadas en todas las instituciones llamadas a prevenir y sancionar la corrupción.
