SANTO DOMINGO, República Dominicana.-eL Ministerio Público solicitó el decomiso de 200 inmuebles a ls acusados de la Operación Falcón, la red de lavado del narcotráfico desmantelada en Santiago, los cuales incluyen empresas, estaciones de venta de combustibles y vehículos de alta gama.
El fiscal, Osvaldo Bonilla, de Santiago resaltó la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados y destacó que la misdma tiene los méritos suficientes para lograr que todos sean condenados.
“La acusación que hemos presentado al tribunal, es una acusación sin precedente, robusta”, dijo Osvaldo Bonilla, al destacar que el expediente aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados, más allá de alegatos y con imputaciones precisas de cargos sobre probados.
Al ser entrevistado, vía Zoom, por la periodista Rosa Encarnación, el fiscal de Santiago detalló que son imputaciones por lavado activos proveniente del narcotráfico, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas y delitos en contra del fisco.
“Es uno de los casos más importante contra la criminalidad organizada en República Dominicana, en los últimos tiempos”, sostuvo, al tiempo que dijo que el Ministerio Público asume con responsabilidad su rol persecutor, por lo que a partir de ahora corresponde al Poder Judicial ejercer su rol con la mayor de la rigurosidad.
Bonilla agregó “entendemos que todos los actores del sistema de justicia deben asumir su responsabilidad con la mayor de la rigurosidad, y vamos a defender este proceso en todos los escenarios, en los tribunales y en cualquier escenario que sea necesario porque está probado que es un proceso legalmente bien trabajado, un proceso que el Ministerio Público lo ha trabajado con mucha transparencia, y con objetividad, sobre todo”.
Lamentó la variación de medidas de coerción a involucrados en el Caso Falcón y sostuvo que el Ministerio Público enfrentará a quien deje de actuar de manera correcta. “Por eso hemos recusado (jueces) en algunos casos, cuando entendemos que se ha violentado la ley”, dijo.
“En el último caso se ha dado una variación que nosotros catalogamos como ilegal, nula, porque se han violentado todos parámetros que el Código Procesal Penal establece para la administración de justicia”, dijo.
En ese contexto, recordó que el juez Job García, que estaba conociendo la revisión de la medida de coerción decidió su propia recusación, no obstante haber depositado el acto conclusivo la noche anterior y ya estar prácticamente desapoderado.
Bonilla explicó que las pruebas documentales y periciales llevaron al Ministerio Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos de motor que incluyen automóviles de alta gama.
Dijo que la cantidad de dinero ocupada o inmovilizada a los integrantes de la red de lavado sobrepasa los 500 millones de pesos, al tiempo de señalar que los imputados manejaron en sus operaciones más de 10 mil millones de pesos.
Destacó que el Ministerio Público continúa trabajando en el proceso, al tiempo de considerar que los imputados deben seguir en prisión hasta que se conozca el juicio de fondo y se determine su condena, porque son imputados que, de ser puestos en libertad por los jueces no garantizan su presencia en los actos del proceso.
Bonilla dijo que se trata de imputados peligrosos y que los tribunales deben saber que variar la medida de coerción puede llevar a que el imputado no se presente a los actos del proceso. “Un grillete, una presentación periódica no garantiza que un imputado de esa categoría se presente a una próxima audiencia o que cuando observe que se le va a condenar haya garantía de volver a los tribunales, yo creo que cada institución debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el momento indicado”, expresó.
