El magistrado, Juan Carlos Checkley, leyó su dictamen durante varias horas en las que se refirió a los argumentos de la fiscalía y la defensa de oficio de Castillo, quien se negó a participar en la audiencia por video-llamada y alegó ser víctima de injusticia, maltrato y humillación.
Checkley consideró fundado el alegato del fiscal sobre el peligro de fuga del exmandatario acusado de los delitos referidos por supuestamente intentar un golpe de Estado hace una semana, cuando anunció la disolución del Parlamento y la reorganización de los organismos de justicia.
Lo representó un abogado de la defensa pública al parecer no familiarizado con el tema y designado ayer para hacerse cargo de la sesión, convocada cuando estaba por expirar la prisión preventiva de siete días que se le impuso tras su detención.
El exmandatario comentó en Twitter, poco antes del fallo judicial, que “la visita de la embajadora de Estados Unidos (Lisa Kenna,) a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país”.
La reciente visita, en medio de grandes protestas contra el cambio de gobierno, fue un gesto de respaldo al nuevo ejecutivo de la presidenta Dina Boluarte y, según Castillo, “fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso”.
También, agregó, para “dejar el camino libre para las explotaciones mineras” y dio por seguro que la prensa lo negará.
De otro lado, el juez no aceptó el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el ex primer ministro de Castillo, Aníbal Torres, investigado como presunto coautor del delito de rebelión.
Checkley le otorgó libertad con comparecencia (condicional), porque su situación no reúne los requisitos para ser sometido a prisión preventiva, así como por sus problemas de salud.
En virtud de ello, Torres no podrá salir de Lima sin autorización judicial, deberá presentarse ante el Poder Judicial periódicamente para acreditar su presencia en la ciudad y someterse a otras restricciones.
El abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema y destacado académico, sostuvo que su cliente no puede ser acusado de rebelión, principal cargo en su contra, porque ese delito requiere el uso de armas y de acción colectiva, lo cual no ha ocurrido.
