SANTIAGO, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí fijó para el 2 de enero de 2023 la continuación del conocimiento de la medida de coerción en contra de un hombre que estafó a varias personas al prometerles un contrato de trabajo en los Estados Unidos, a cambio de que le entregaran dinero para trámites de visado.
Se trata de Kelvin Antonio Peña, quien enfrentará cargos por cometer estafa y abuso de confianza en perjuicio de Leonel Moreta Rodríguez, a quien estafó con RD$133,600; Ysisdoro de León Valerio, quien perdió RD$30,000; Víctor Manuel de Jesús Paulino, estafado con RD$130,000 y Miguel Ángel Rosario Martínez.
También, con RD$90,000; Samuel Páez Carpio, RD$90,000; Lucía Abreu, RD$87,400 y US$300,000; Juan Páez Mingo, a quien estafó con RD$3,600, y Juan Bautista Abreu, quien entregó al imputado la suma de RD$13,600 en efectivo y otros RD$11,000 en productos de un colmado.
La Fiscalía de Santiago solicitó a la prisión preventiva, luego de que la investigación le permitiera establecer que Peña convenció a la víctima Juan Bautista Abreu y, a través de él a las demás personas afectadas, de que les entregaría contratos de trabajo en Estados Unidos, para laborar en una compañía de enlatados durante un año.
El documento de solicitud de medidas indica que, para convencer a sus víctimas, el imputado aseguró que era un empresario y accionista de la compañía y que los interesados debían cubrir el costo por emisión de visas y el pago de impuestos por las maletas de viaje.
Contra Peña pesa otra solicitud de medida por igual accionar delictivo, que parte de la denuncia de otro afectado y cuya audiencia fue fijada para el 3 de enero.
La instancia reseña que Peña creó un grupo por la mensajería de Whats App a través del cual enviaba información a los estafados acerca del proceso que supuestamente estaba llevando a cabo para la expedición de las visas y cambiaba de manera recurrente las fechas para las entrevistas que los timados tendrían en el consulado de los Estados Unidos.
Ante el retraso con los procedimientos, uno de los aspirantes empezó a sospechar y pudo comprobar que sus documentos nunca fueron depositados para los trámites prometidos, hecho ante el cual se querelló ante la Fiscalía.
El Ministerio Público le atribuye al imputado la violación a los artículos 405 y 408 del Código Penal Dominicano.
