INFOBAE.- El pasado 7 de diciembre inició una nuevo capítulo de la crisis política peruana que, lamentablemente, cobró la vida de 60 ciudadanos y que ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas.
A través de un informe ha dado a conocer que se ha reunido información en torno a la muerte de protestantes y el accionar de las fuerzas del orden. Ante ello ha dado un plazo al gobierno para que este brinde mayor información.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos utilizó los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo en torno a las víctimas y heridos de las protestas. Asimismo, mencionan que han sido informados de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.
El gobierno de Dina Boluarte cuenta con 60 días para compartir información sobre las muertes de ciudadanos durante las manifestaciones, así como las medidas que han adoptado “para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica”. Asimismo se pide que brinden detalles de las políticas que tienen como fin prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
