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Países del Caribe y varios estados de EE.UU. apoyan apelación de México en juicio por armas

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RT. Al menos 16 estados de EE.UU. y varios países del Caribe respaldan la apelación que presentó México en un caso civil contra los fabricantes de armas estadounidenses.

Los estados con fiscales generales demócratas y el Distrito de Columbia presentaron un escrito de ‘amicus curiae’ en la corte de los EE.UU. el martes, reseñó Reuters.

Por otro lado, los gobiernos de Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago se unieron y presentaron otro ‘amicus curiae’.

Las intervenciones de estas autoridades se dan luego de que la semana pasada el Gobierno de México informara que había presentado el escrito de apelación en contra de la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, sobre una demanda de 10.000 millones de dólares, que busca responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas letales a territorio mexicano través de la frontera.

La demanda civil fue presentada por México en agosto de 2021, pero en septiembre del año pasado fue desestimada.

En esa resolución de primera instancia, explica la Cancillería, el juez federal determinó que una ley de inmunidades en EE.UU. —Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés)»protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México».

En el escrito de los estados de EE.UU. se argumenta que la decisión del juez «se basó en una lectura errónea» de esa ley. Las autoridades firmantes fueron las de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Vermont.

El recurso de México fue presentado en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los EE.UU., con sede en Boston, Massachusetts.

Con la apelación, el país latinoamericano solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, específicamente en lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de EE.UU. cuando haya uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano.

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