RT. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo que falta por capturar al 35 % de los pandilleros, pese a que ya se realizaron 66.417 detenciones desde el régimen de excepción decretado hace un año por Nayib Bukele.
«Esto es en relación a la cantidad de miembros de estas estructuras, entendiendo que tenían una base social, que es donde están los colaboradores, los postes, los paros, los chequeos. De estos se capturaron bastantes en las primeras oleadas [operaciones]», declaró Villatoro, en una entrevista en la televisión Frente a Frente, recogida por Prensa Gráfica.
Villatoro añadió que conocen las identidades de los que faltan por capturar, ya que previamente tenían un registro de 76.600 miembros activos de pandillas. «Definitivamente estamos transformando El Salvador», comentó.
Asimismo, aseguró que el régimen de excepción no terminará hasta que se capture «al último miembro» y que esta medida «siempre estuvo en el manjar de soluciones o de herramientas que estaban a disposición del presidente».
El estado de excepción de Bukele entró en vigencia a finales de marzo de 2022 y fue decretado tras una escalada de violencia que dejó solo ese día 62 personas asesinadas, y en menos de una semana, un saldo de 87 víctimas mortales en manos de pandillas.
«En el aniversario de la aprobación del régimen de excepción, cerramos el día con 0 homicidios. Seguiremos trabajando por la seguridad de los salvadoreños, aunque reclamen las ONG de ‘derechos humanos'», escribió Bukele en Twitter la madrugada del lunes.
Organizaciones de derechos humanos advierten que durante el régimen de excepción las fuerzas de seguridad han cometido más de 4.500 abusos contra la población, entre detenciones arbitrarias, acoso, amenaza, violencia sexual, torturas y lesiones personales.
En su informe anual sobre Derechos Humanos de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. denuncia «tratos inhumanos» en las cárceles de El Salvador y un «empeoramiento de la situación en las prisiones» de ese país.
Asimismo, responsabiliza al Gobierno de Bukele «o sus agentes», quienes, de acuerdo a «informes», cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, que «en gran parte derivaron en la muerte de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción».
