SANTO DOMINGO, República Dominicana. –La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, culminó el conocimiento de la medida de coerción a los 20 imputados del caso Operación Calamar y se retiró a deliberar hasta este martes a las 10 de la mañana, cuando dará conocer e fallo.
La magistrada también pautó para las 3:00 de la tarde de este martes la lectura del fallo para la imputada Ana Linda Fernández.
La procuradora fiscal Rosa Alba García destacó este lunes que 14 de los 20 imputados en Operación Calamar han logrado acuerdos con el Ministerio Público sobre la medida de coerción a imponer y precisó que el órgano de justicia ha presentado ante el tribunal los elementos para que se le imponga la prisión preventiva a los restantes seis imputados, como le ha sido solicitado.
“Debido a la contundencia de las pruebas que soportan esta solicitud de medida de coerción, 14 de los imputados han acordado con el Ministerio Público la medida de coerción a imponer”, sostuvo la fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Alba García, quien forma parte del equipo que estuvo presente en la audiencia de este lunes, integrado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, por el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, así como por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor, se mostró confiada de que los demás imputados van a recibir la medida de coerción solicitada ante el tribunal.
“El Ministerio Público entiende que están todas las condiciones dadas para que se acoja la solicitud respecto a lo que hemos planteado de los seis imputados que no han acordado con el Ministerio Público la imposición de la medida de coerción”, especificó.
Alba García detalló que entre los imputados que no han acordado una medida de coerción con el Ministerio Público se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi.
En cuanto a los imputados que se han admitido su participación en esta estructura corrupta y logrado un acuerdo con el órgano de justicia se cuentan: el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.
Así como también Yahaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández.
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
