Señaló que presentó el pedido de 20 años y seis meses de prisión en la actual etapa previa al juicio contra Toledo y otros involucrados.
Pérez lo acusa de recibir de un soborno de 35 mil millones de dólares de empresas constructoras brasileñas, lo que implica los delitos de colusión y lavado de activos.
Adelantó que se opondrá al pedido, anunciado anoche por Toledo, de que no se le someta a la prisión preventiva que le fue dictada por la justicia debido a que en 2017 dejó el país con la promesa de volver y no regresó a afrontar las investigaciones del Ministerio Público.
“Nos vamos a oponer porque consideramos que formalmente, en este momento, lo que se tiene que cumplir es el mandato judicial de internamiento en un establecimiento penitenciario”, declaró.
El dictamen de prisión preventiva fue emitido en 2017 pero no pudo aplicarse porque Toledo se cobijó en Estados Unidos y en 2019 fue arrestado a pedido del gobierno de Perú, con fines de extradición.
Pérez fue fiscal también del expresidente Alan García y reunió sólidos indicios del veterano político neoliberal para que un juez ordene la detención preliminar del indagado, que se suicidó para evitar su arresto, en abril de 2019.
El fiscal tiene a su cargo también el caso de la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, que se encuentra en su etapa previa al juicio, en la cual Pérez pidió 30 años y diez meses par la investigada, su esposo norteamericano, Mark Vito, su asesor Pier Figari y diversas penas para otros involucrados.
Entretanto, crece la expectativa sobre la posibilidad de que, a su retorno y para atenuar su condena, Toledo pueda dar sobre personajes que participaron en los delitos de corrupción que se le imputan.
El congresista conservador José Cueto comentó que “muchos involucrados estarían preocupados por la extradición” del exgobernante que ejerció su mandato entre 2011-16, porque podría dar nombres de implicados.
