SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el viernes 28 de abril a partir de las 9:00 de la mañana, el proceso por corrupción que se sigue a los involucrados en las operaciones Coral y Coral 5G.
La jueza Yanibet Rivas Méndez, quien preside el tribunal, deberá decidir si envía o no a juicio a los procesados.
Durante la jornada de este lunes, la defensa de Kelman Santana terminó de presentar sus alegatos de para dar paso a la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre.
En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra de Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público
El Ministerio Público deploró la noche de este lunes que a más de cinco meses de haber iniciado la audiencia preliminar contra los procesados por corrupción administrativa de la Operación Coral, la defensa del mayor general Cáceres Silvestre, principal acusado, todavía no esté preparada para enfrentar la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó la actuación de la defensa del acusado en la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“La tarde de hoy lunes vimos la segunda puesta en escena de la mala obra de teatro que tiene montada la defensa de Adán Cáceres. Ya en audiencias anteriores hicieron exactamente el mismo planteamiento, que fue decidido por la juzgadora; sin embargo, hoy, cuando les toca la palabra para defenderse de la acusación, en vez de iniciar con sus alegatos, lo que hacen es volver otra vez a presentar estos argumentos que no van hacia ninguna parte”, sostuvo Ortiz.
Agregó “esta defensa es lo que más se parece a un litigio temerario, una defensa que, a pesar de más de cinco meses de proceso, al día de hoy no está preparada para enfrentar la contundencia de esta acusación y busca todas las estrategias posibles para huir del proceso”.
Dijo que “ahora pretenden que reiniciemos el caso, cinco meses después, con 48 personas acusadas, reiniciar un proceso no tiene ningún sentido para ningunas de las partes”.
“Evidentemente no están preparados para el conocimiento de este”, insistió Ortiz al responder preguntas de la prensa luego de concluida la audiencia que, por razones de espacio, se conoció en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Sobre si el tribunal podría conocer por separado el proceso, ya que algunos acusados no están en la querella, dijo: “el tribunal podría hacerlo.
Sin embargo, agregó no es una decisión procesal sana, y es que esta juzgadora ya dijo cuál era el procedimiento; contesta, incluso, un pedimento al Ministerio Público, lo que corresponde aquí es garantizar el legítimo derecho de defensa, y cómo se garantiza ese derecho, permitiendo a las partes a que se refieran a lo que está contenido en la querella y la acusación particular, acto que dijo la juzgadora que va a suceder en el momento procesal oportuno”.
Los demás acusados
Entre los acusados de la Operación Coral también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
