El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta Romero, quien entregó el proyecto a Pacheco explicó que el nuevo Ministerio crea y organiza la estructura y funciones del Ministerio de Justicia, el cual se configura como un órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo.
Agregó que se trata de la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado, la Administración Pública y la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos, así como al Sistema Penitenciario y Correccional.
Peralta Romero manifestó que esta iniciativa responde a la necesidad institucional que el país arrastra desde hace años de delimitar las atribuciones de persecución criminal, naturales al Ministerio Público, de ciertos servicios meramente funcionales y administrativos.
Entre estos servicios citó la gestión del sistema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, así como el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales, funciones que serán traspasadas al Ministerio de Justicia.
De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco definió el proyecto que crea el Ministerio de Justicia como importante y trascendental.
Consideró que el mismo, cambiará la situación de ciertos aspectos que le son otorgados a la Procuraduría General de la República.
Proyecto de ley contra la ciberdelincuencia
Los representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo también depositaron ante la Cámara de Diputados la nueva versión del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, cuyo objeto es lograr la prevención, persecución y sanción de los delitos cometidos en detrimento de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como los cometidos mediante el uso de tales tecnologías en contra de personas físicas o jurídicas.
Se recuerda que el Poder Ejecutivo retiró de la Cámara de Diputados una primera propuesta de este proyecto de ley, el pasado 4 de julio de 2022, con el propósito de que fuera estudiado por la comisión consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre la libertad de expresión, creada mediante el Decreto núm. 333-22.
La referida comisión recomendó eliminar de la versión original los artículos 17, 18 y 19, referentes a los ciberdelitos de discriminación, difamación e injuria, los cuales efectivamente quedaron fuera de la versión reintroducida el día de hoy.
Esta pieza legislativa derogaría de manera total la Ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente.