Santo Domingo.-Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se mostró esperanzado de que el Pleno de la Junta Central Electoral (PLD) acogerá el reclamo sometido por los partidos de oposición a la resolución 13-2023 sobre la aplicación del porcentaje de las reservas de las candidaturas.
“No se trata de si de conveniencias partidarias, sino que la ley expresamente establece lo que reclamamos a la Junta Central Electoral, lo que estamos solicitando es la reconsideración de la Resolución , porque tenemos el interés que sea justamente ellos mismos los que rectifiquen, por el impacto que ha tenido en el proceso y en el sistema de partidos esta decisión que establece que la reserva del 20% no sea del total, sino por nivel de elección”, comentó Díaz a sus entrevistadores del programa Matinal 5.
Recordó que tanto la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, como la Ley Orgánica de Régimen Electoral (20-23) establecen que es en base al total; tal como señala ésta última en el artículo 136 con mucha claridad, al señalar que las alianzas pueden realizarse entre los partidos en una, varias o todas las provincias en el nivel senatorial, en las diputaciones y alcaldías.
Dijo que es lo más lógico que un partido pueda apoyar a otro en la totalidad de las boletas, porque siempre ha sucedido así; por lo que en este caso lo que los partidos están reclamando es eso que fue modificado por la Junta en la circunstancias que llamaron poderosamente la atención, porque estuvo precedida por una declaración del presidente de la República, cuando no es usual que se refiera a esos temas.
Díaz manifestó que la resolución emitida por la Junta Central Electoral fue el resultado de las presiones recibidas tras unas declaraciones en ese sentido del Presidente de la República y de las cartas y visitas recibidas del Partido Revolucionario Moderno, sumado al retraso del calendario electoral.
En tal sentido, reveló que los partidos que incoaron el Recurso de Reconsideración también están solicitando a la JCE la extensión del plazo para hacer las alianzas hasta el 2 de julio próximo, porque, aparte de que la Junta tomó una resolución de esta naturaleza en contra de la mayoría de los partidos políticos y de lo que dice la propia ley, lo están haciendo con un calendario electoral retrasado.
Explicó que el calendario electoral que es la única forma de montar con éxito los procesos que tienen como desafío, tales como los procesos internos de los partidos políticos que vencen en octubre; el de las elecciones municipales, que vencen en febrero; y el de las elecciones nacional, que vencen en un año; lo que indica que los plazos están muy cercanos y el montaje está retrasado.
“Estamos retrasados con el calendario electoral, no es para perder el tiempo en este tipo de cosas, pero esperamos que esta vez la Junta rectifique con rapidez», adujo.
Afirmó que hay retrasos en la parte logística y organizativas del proceso; así como en las reglas “de juego”; por ejemplo, en los procesos de cómo se votaría y ahora las reglas para las alianzas, lo que ha desencadenado un efecto en cadena y en la pérdida de confianza.
“La Junta con la resolución emitida deja un sabor muy amargo y yo diría que es peligroso, porque no constituye un buen precedente, debido a que violó lo que sería el debido proceso”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Danilo Díaz reiteró que no es posible que más de 20 partidos solicitaron a la Junta Central Electoral que ese 20 por ciento sea a nivel nacional y la Junta les ponga un plazo para que depositaran su consideración del borrador, que vencía a las 12:00 del mediodía, y 2 horas después ese organismo lo que hace es ratificar la resolución.
“Lo menos que debió haber hecho la Junta, por ser casi el más del 80% de los partidos que han solicitado la anulación de la resolución, es una audiencia para tratar de entender por qué lo estamos reclamando al margen del documento, pero sin audiencia y con prisa tomó esa decisión, entonces ese es el contexto de los hechos que ha generado una ruptura de la confianza, por legítima sospecha, de un caso de un comportamiento que no es apropiado en términos procedimentales ni de contenido”, enfatizó.
Consideró que cuando la Ley es clara no está sujeta a interpretación ni del Tribunal Superior Electoral ni de la Junta Central Electoral, porque su rol no es legislar, sino para aplicar la Ley.
