Por Elvira Guillén Santo Domingo, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de Santo Domingo, solicitó la mañana de este miércoles medida de coerción contra siete militares que alegamente ingresaron de manera irregular 220 armas de fuego al país.
Los acusados son Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artilez, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho, José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, además de Pedro Manuel Guzmán Escarraman, propietario de la armería donde eran vendidas.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría precisó que tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego.
Luego de varios allanamientos, el MP descubrió que los mencionados militares estaban ingresando armas de manera ilícita al país.
Indica que Cordero Batista, era el general de Brigada Paracaidista FARD, director General del Material Bélico del Ministerio de Defensa, Encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlo con su firma, mientras que Pérez Artliez, teniente coronel del ERD, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, se ocupada de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines.
Las armas de fuego, eran especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos , a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante Decreto número 309-06.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos indicados la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.
