Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos presentaron denuncias penales contra los tres individuos luego de que fueron encontrados dentro de una rústica embarcación interceptada el domingo por una Unidad Marina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando trataban de llegar a Puerto Rico por el canal de la Mona.
Jairon Trinidad-López, de 40 años, Elvin Agueda-Simon, de 36, y Jesús Bega-Fermín, de 40, comparecieron ante el magistrado estadounidense Bruce McGiverin, enfrentando cargos bajo el título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1326, por intentar reingresar después de una deportación por una condena.
“Nuestra determinación es poder llevar ante la justicia a los traficantes de personas que colocan a los migrantes en una situación muy peligrosa al transportarlos en embarcaciones no aptas para navegar”, afirmó Desi DeLeon, agente jefe de patrulla del sector Ramey en Aguadilla, al noroeste de Puerto Rico.
Agregó que “también estamos procesando bajo el título 8 a aquellos migrantes que han sido advertidos de las consecuencias de intentar ingresar ilegalmente o no solicitar autorización para ingresar al país”.
El 27 de agosto, un nave aérea de la Guardia Costera de Estados Unidos detectó una yola (embarcación) de contrabando a aproximadamente 10 millas náuticas al noroeste de Rincón, Puerto Rico.
Una unidad de Operaciones Aéreas y Marinas de CBP interceptó la embarcación y encontró a bordo a 34 personas no ciudadanos estadounidenses.
La tripulación del escampavías “Donald Horsley” de la Guardia Costera embarcó a los 34 sujetos y realizó una revisión biométrica.
Según los protocolos del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe (CBIG), se descubrió que cinco migrantes tenían antecedentes o se comportaban en violación de las leyes estadounidenses.
La Guardia Costera transportó a los sujetos al puerto de entrada de Mayagüez (occidente), donde agentes de la Patrulla Fronteriza los tomaron bajo custodia, los arrestaron y los transportaron a la estación Ramey para su procesamiento.
El organismo repatrió a los 29 extranjeros restantes a la República Dominicana, mientras que dos de ellos fueron traídos a la costa para ser procesados bajo expulsión acelerada.
La fiscal federal adjunta especial, Helena Daniel, está a cargo del caso.
De ser declarados culpables, la condena máxima que se les puede imponer a los acusados es una multa de hasta 250 mil dólares, una pena de prisión de hasta 20 años, o ambas a la vez.
