Sevilla, 21 Sep (EUROPA PRESS) -.El presidente del Parlamento autonómico andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que el Gobierno central está «en su derecho» de recurrir la ley de regadíos de la zona norte de la provincia de Huelva, que debe aprobar el Parlamento autonómico el próximo 10 de octubre, pero que es una «mala vía» para hacerlo y ha apelado al diálogo y a propuestas alternativas.
En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Moreno señaló que la ley pretende solucionar un problema que lleva décadas «enconándose», con los agricultores que poseen tierras a 35 kilómetros, que no forman parte de un parque nacional o natural, y para los que el anterior Gobierno del PSOE-A no dio una solución para las tierras de regadío Argumentó que la ley pretendía precisamente eso.
Moret afirmó que, según la ley, los regantes no podían utilizar aguas subterráneas, sino sólo superficiales a través del río Tinto Odiel Piedras.
¿Dónde está el problema?», preguntó Moreno, señalando que no se le puede considerar «responsable» cuando está intentando resolver un problema. Señaló que nadie puede cuestionar su compromiso con el medio ambiente mientras el Gobierno intente poner en marcha las ‘actuaciones más contundentes’ para proteger Doñana, como la compra de 7.500 hectáreas de Beta La Palma, de las que 3.000 son humedales.
Moreno también insistió en que la toma en consideración definitiva de la proposición de ley en el Pleno del Parlamento debe aplazarse hasta el 10 de octubre, para no coincidir con el discurso de investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, previsto inicialmente para el 27 de septiembre.
No tengo nada que ocultar y lo aplazo para que el debate atraiga la atención de los medios de comunicación».
Insistió en que se pida al Gobierno central que dialogue sobre el asunto y presente una propuesta alternativa, y criticó al PSOE-A por no presentar ni una sola enmienda al proyecto de ley. En cuanto a la posición de la UE al respecto, señaló que está «condicionada» por el Gobierno central, que se encuentra «en una posición muy desfavorable».
