Santo Domingo-Empresarios e industriales dominicanos trabajan con el Gobierno en medidas de mitigación para los productos manufacturados destinados a la exportación a Haití, luego de que el presidente Luis Abinader ordenara el cierre de la frontera en medio de medidas para construir un canal en el río Masacre y trabajando con el Gobierno para encontrar soluciones.
Celso Juan Maranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), se reunieron el pasado jueves con el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Bisono, para discutir medidas de protección de la producción nacional.
A la reunión, celebrada en la sede del MICM, asistieron también los vicepresidentes del CONEP y de la AIRD, César Dargan y Mario Puhols. El Ministro Bisono estuvo acompañado por el Viceministro de Desarrollo Industrial, Fantino Polanco.
Tras la reunión, el ministro Bisono destacó que, de acuerdo con las instrucciones del presidente Luis Abinader, el MICM está comprometido a proteger tanto a los pequeños comerciantes que influyen en el mercado bilateral como a los grandes industriales y empresarios que producen para exportar a Haití.
El presidente Luis Abinader dijo a los periodistas durante su asistencia a la 78BA de la ONU en Nueva York que el Gobierno está trabajando para proteger a los pequeños comerciantes que influyen en el mercado bilateral y para desarrollar mercados en el país y en el extranjero para la producción de las grandes empresas.
‘En primer lugar, están los pequeños y medianos comerciantes con los que el ministro Ito Bisono estuvo el sábado y el martes regresaron a la frontera. Luego están las grandes industrias y agroindustrias que están exportando a Haití en grandes cantidades y estamos buscando mercados para ellas, tanto en el país como en el extranjero’, dijo el Jefe de Estado.
Como parte de las medidas para contrarrestar los efectos del cierre fronterizo, el presidente Abinader también ordenó al Gobierno brindar asistencia a las personas y familias que viven día a día en los mercados bilaterales y llevar todos los programas sociales del Gobierno a puntos claves de la frontera, como las comunidades de Pedernales, Dajabón y Elías Pinha, para tales fines.
